Corte puede incumplir mandatos judiciales cuando estos son ilegales

En la Corte y otros tribunales hay prevención contra la Sala porque algunos de sus miembros elegidos recientemente vienen de la política. Magistrados han manifestado en privado temores de que algunos procesos de la parapolítica queden en el aire.
La nueva tutela, fallada por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, desconoció una condena por cohecho ratificada por tres instancias penales.
Ante la decisión, la Sala Penal no solo se negó a cumplir la tutela, que favorece a Iván Otálvaro Murcia, ex director comercial de la Lotería de Caquetá, sino que le envió copias del proceso a la Comisión de Acusación para que investigue a los miembros de la Sala Disciplinaria por un posible prevaricato.
Los términos usados por la Corte ayer son los más fuertes empleados para referirse al ya famoso 'choque de trenes' por las tutelas contra sentencias. Los magistrados señalaron que la decisión de la Judicatura "se aparta ostensible y groseramente de la realidad probatoria acreditada en el proceso".
El fallo de la Sala Disciplinaria levantaba la condena de tres años contra Otálvaro y la multa de 50 salarios mínimos que le impuso la justicia ordinaria porque recibió plata para asignar un mayor número de billetes de una lotería a un distribuidor.
El magistrado Angelino Lizcano, presidente de la Sala, se declaró impedido porque conoce a Otálvaro desde hace más de una década. Este último fue elegido alcalde de Belén de Los Andaquíes (Caquetá), pero está suspendido del cargo precisamente por la condena por cohecho.
'La Corte no está obligada a cumplir mandatos ilegales'
La defensa de Otálvaro dice que él no tenía entre sus funciones la distribución de la lotería y que por eso no se configura el cohecho. Pero la Corte sostiene que su responsabilidad en los hechos la verifica incluso una primera declaración suya, de la que después se retractó, y los documentos anexados al expediente.
"Ha sido doctrina de la Corte la imposibilidad de cumplir mandamientos judiciales que en sí mismos comportan abierta ilegalidad (...) En tanto, precisamente por esas circunstancias espurias, los mismos no pueden entenderse verdaderas providencias judiciales", dice la respuesta de la Sala Penal. Y concluye que "como quedó evidenciada la abierta ilegalidad de lo decidido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se impone, como deber de la Corte, denunciar la existencia de un presunto delito de prevaricato por parte de los Magistrados signantes, razón por la cual se oficiará para el efecto a la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes".
"La Corte ha acreditado la incongruencia, sinrazón y falacia de los argumentos que sustentan la decisión de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, motivo suficiente para que se aparte de la decisión, so pena de prolongar indebidamente la ostensible ilegalidad que allí se advierte", señaló el magistrado Sigifredo Espinoza, ponente de la decisión de la Sala Penal.
"No vamos a entrar a polemizar con la Corte cada vez que sacamos una providencia. La Corte cree que sus providencias son inmodificables y nosotros actuamos en derecho y nos pronunciamos a través de sentencias. Todas las autoridades de este país están en la obligación de acatar los fallos judiciales", respondió uno de los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que pidió reserva de su nombre.
Tierra y Justicia - El Tiempo