Decreto del salario mínimo demandado ante el Consejo de Estado

Las centrales obreras no cesan su accionar denunciando la falta de garantías de asociación y de negociación colectiva en el país.
Las centrales obreras anunciaron que ante el Consejo de Estado presentaron una demanda de nulidad del decreto que fijó el salario mínimo para este año que fue elevado en 7,67% de acuerdo con el comportamiento de la inflación observada. La decisión del Gobierno se hizo en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, recordó un funcionario del Gobierno.
El decreto expedido por el Gobierno estableció que desde el primero de enero, "regirá como salario mínimo legal mensual para los trabajadores", la suma equivalente a la remuneración definida por el Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007, incrementada en el Índice de Precios al Consumidor calculado (entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2008) y certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane)".
Para los sindicalistas, en la expedición de los decretos, el Gobierno no agotó todos los procedimientos, y la norma fue concebido de manera irregular. Desconoce los derechos de negociación colectivos y representación sindical.
Igualmente los representantes de las centrales obreras indicaron que insistirán en llevar sus denuncias ante el congreso de los Estados Unidos por las faltas de garantías sindicales y la violación de los derechos laborales.
El Gobierno recientemente recordó que desde 2002 han sido destinados $121.355 millones para la protección de los sindicalistas.
"Durante estos seis años el presupuesto nacional ha gastado 314.633 millones de pesos, de los cuales 121.355 millones de pesos han sido dedicados a la protección de sindicalistas, lo que representa el 38.56 por ciento de los recursos", dijo el ministro del Interior y Justicia, Fabio valencia Cossio.
El informe recuerda que en el último año, 1.980 sindicalistas fueron cobijados por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, lo que representa el 22.66% del total de personas que integran el Programa.

Tierra y Justicia - El Tiempo