El fiscal señaló que por estas razones es necesaria la urgente aprobación de cadena perpetua para violadores.
"Nos puede operar la prescripción, la libertad por razones de edad, pues el monstruo de Mariquita tiene 72 años y porque no existe hasta la cadena perpetua", señaló el fiscal Mario Iguarán en el marco del seminario de delitos contra la administración pública que se lleva a cabo en la Universidad del Rosario.
Iguarán reiteró la importancia de apoyar el referendo que busca penalizar hasta con cadena perpetua los delitos de abuso sexual y violencia en menores de 14 años.
Tierra y Justicia - El Espectador
martes, 31 de marzo de 2009
Condenan a 10 años a ex agentes del CTI por modificar escena del crimen
Los ex funcionarios recibieron una cuantiosa suma de dinero para mover los cadaveres de una familia asesinada en Bogotá.
La decisión fue adoptada por el Juez Tercero Penal con funciones de Conocimiento y que cobija a Augusto Orlando Díaz Lara y a Adriana Correal Rodríguez, ex agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, por su responsabilidad en los delitos de concusión en concurso con destrucción y reclutamiento de evidencias.
La tragedia ocurrió el 19 de diciembre de 2005 cuando las autoridades hallaron los cadáveres de cuatro integrantes de una misma familia en una residencia del barrio Modelia, ubicado en el occidente de Bogotá.
En este asesinato fue condenado a 48 años de prisión Alejandro Montoya Martínez, ex integrante de autodefensas.
"En desarrollo de la investigación, la Fiscalía comprobó que los hoy condenados cuando acudieron al lugar de los hechos modificaron la escena del crimen a cambio de una millonaria suma de dinero", señala la investigación del ente acusador.
Díaz Lara fue recluido en la cárcel La Picota y tendrá que pagar una multa de 94 salarios mínimos; por su parte, Correal Rodríguez, por ser madre cabeza de familia purgará su pena en su domicilio y tendrá que pagar una multa de 88 salarios.
Tierra y Justicia - El Espectador
La decisión fue adoptada por el Juez Tercero Penal con funciones de Conocimiento y que cobija a Augusto Orlando Díaz Lara y a Adriana Correal Rodríguez, ex agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, por su responsabilidad en los delitos de concusión en concurso con destrucción y reclutamiento de evidencias.
La tragedia ocurrió el 19 de diciembre de 2005 cuando las autoridades hallaron los cadáveres de cuatro integrantes de una misma familia en una residencia del barrio Modelia, ubicado en el occidente de Bogotá.
En este asesinato fue condenado a 48 años de prisión Alejandro Montoya Martínez, ex integrante de autodefensas.
"En desarrollo de la investigación, la Fiscalía comprobó que los hoy condenados cuando acudieron al lugar de los hechos modificaron la escena del crimen a cambio de una millonaria suma de dinero", señala la investigación del ente acusador.
Díaz Lara fue recluido en la cárcel La Picota y tendrá que pagar una multa de 94 salarios mínimos; por su parte, Correal Rodríguez, por ser madre cabeza de familia purgará su pena en su domicilio y tendrá que pagar una multa de 88 salarios.
Tierra y Justicia - El Espectador
"No todo el que es capturado va a la cárcel"
El Consejo Superior de la Judicatura respondió a los señalamientos del Ministro del Interior.
Hernándo Torres Corredor, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señaló este martes que los jueces proceden de manera autónoma y conforme a la ley. "Cuando una persona ha cometido un delito es llevado a la Fiscalía y ellos lo llevan al juez de control de garantias. La Fiscalía debe proceder a la imputación de cargos porque si no están estos no habrá medida de aseguramiento", señaló.
Y agregó: "en efecto no todas las personas que son capturadas merecen medida de aseguramiento porque el nuevo sistema debe valorar si hay que restringirle o no la libertad, porque la idea no es que todo el mundo vaya a juicio".
Según el magistrado, en todo el territorio nacional se hacen más de 600 audiencias de control de garantias diarias. "Existe la percepción que es el juez el que deja en libertad, pero no se mira más a fondo si la investigación está bien, si existen méritos para que el juez no continúe con el proceso", agregó Torres.
El magistrado señaló que espera que con el trámite de la ley de pequeñas causas, que cursa en el Congreso, la Fiscalía se descongestione.
Tierra y Justicia - El Espectador
Hernándo Torres Corredor, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señaló este martes que los jueces proceden de manera autónoma y conforme a la ley. "Cuando una persona ha cometido un delito es llevado a la Fiscalía y ellos lo llevan al juez de control de garantias. La Fiscalía debe proceder a la imputación de cargos porque si no están estos no habrá medida de aseguramiento", señaló.
Y agregó: "en efecto no todas las personas que son capturadas merecen medida de aseguramiento porque el nuevo sistema debe valorar si hay que restringirle o no la libertad, porque la idea no es que todo el mundo vaya a juicio".
Según el magistrado, en todo el territorio nacional se hacen más de 600 audiencias de control de garantias diarias. "Existe la percepción que es el juez el que deja en libertad, pero no se mira más a fondo si la investigación está bien, si existen méritos para que el juez no continúe con el proceso", agregó Torres.
El magistrado señaló que espera que con el trámite de la ley de pequeñas causas, que cursa en el Congreso, la Fiscalía se descongestione.
Tierra y Justicia - El Espectador
Tumbaron medidas contra "gota a gota" y casa de empeño del Gobierno
Corte Constitucional tumbó medidas contra 'gota a gota' y casas de empeño, de la Emergencia Social
Declaró inexequible el Decreto 4449, que aumentaba penas por usura para cobros periódicos y castigaba el pacto de retroventa (cobrar interés superior a la tasa permitida por mercancía en empeño).
Según la Corte, se trata de una medida inconstitucional porque ya se contemplaban castigos para esos delitos y porque, en su concepto, estos son suficientes.
También señaló como contrarias a la Carta Política las medidas que aumentaban la penalización por no reportar transacciones en efectivo, de un rango de entre 32 y 108 meses a uno de entre 38 y 128 meses. También incluía como agravante no informar sobre la tenencia, el transporte o el almacenamiento de dinero.
La Corte manifestó que si el Gobierno quiere adoptar medidas de ese tipo debe hacerlo mediante el trámite de una ley.
Sí a Penas por captación, pero con límite
Los magistrados sí encontraron ajustado a la Constitución el aumento de penas por el delito de captación masiva de dinero, hasta 240 meses de cárcel y 50.000 salarios mínimos de multa, así como la creación del delito de captación masiva cuando no hay devolución de los recursos.
Para la Corte, esas medidas se ajustan a los motivos que el Gobierno tuvo para decretar el Estado de Emergencia Social. Sin embargo, condicionó su vigencia a un año, a partir de la expedición del decreto, el 17 noviembre del 2008.
Si el Ejecutivo considera que estas modificaciones deben ser permanentes, anotó el alto tribunal, debe ponerlas a consideración del Congreso para reglamentarlas mediante una ley.
Al respecto, el abogado Dagoberto Charry, antiguo defensor de David Murcia, dijo que, en todo caso, el cerebro de DMG no quedaría cobijado por el decreto en cuestión, porque los hechos que se le imputan son anteriores a las medidas tomadas por el Ejecutivo.
En la discusión de este último decreto, tres magistrados se apartaron de la mayoría y salvaron su voto. Según ellos, en los estados de Emergencia Social, Económica o Ecológica el Gobierno no puede dictar normas penales.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, salvó su voto de manera parcial tras considerar que el límite de un año que se le puso al decreto no debería existir. En su concepto, no es constitucional porque "eso es legislar".
Tierra y Justicia - El Tiempo
Declaró inexequible el Decreto 4449, que aumentaba penas por usura para cobros periódicos y castigaba el pacto de retroventa (cobrar interés superior a la tasa permitida por mercancía en empeño).
Según la Corte, se trata de una medida inconstitucional porque ya se contemplaban castigos para esos delitos y porque, en su concepto, estos son suficientes.
También señaló como contrarias a la Carta Política las medidas que aumentaban la penalización por no reportar transacciones en efectivo, de un rango de entre 32 y 108 meses a uno de entre 38 y 128 meses. También incluía como agravante no informar sobre la tenencia, el transporte o el almacenamiento de dinero.
La Corte manifestó que si el Gobierno quiere adoptar medidas de ese tipo debe hacerlo mediante el trámite de una ley.
Sí a Penas por captación, pero con límite
Los magistrados sí encontraron ajustado a la Constitución el aumento de penas por el delito de captación masiva de dinero, hasta 240 meses de cárcel y 50.000 salarios mínimos de multa, así como la creación del delito de captación masiva cuando no hay devolución de los recursos.
Para la Corte, esas medidas se ajustan a los motivos que el Gobierno tuvo para decretar el Estado de Emergencia Social. Sin embargo, condicionó su vigencia a un año, a partir de la expedición del decreto, el 17 noviembre del 2008.
Si el Ejecutivo considera que estas modificaciones deben ser permanentes, anotó el alto tribunal, debe ponerlas a consideración del Congreso para reglamentarlas mediante una ley.
Al respecto, el abogado Dagoberto Charry, antiguo defensor de David Murcia, dijo que, en todo caso, el cerebro de DMG no quedaría cobijado por el decreto en cuestión, porque los hechos que se le imputan son anteriores a las medidas tomadas por el Ejecutivo.
En la discusión de este último decreto, tres magistrados se apartaron de la mayoría y salvaron su voto. Según ellos, en los estados de Emergencia Social, Económica o Ecológica el Gobierno no puede dictar normas penales.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, salvó su voto de manera parcial tras considerar que el límite de un año que se le puso al decreto no debería existir. En su concepto, no es constitucional porque "eso es legislar".
Tierra y Justicia - El Tiempo
Rectificación de la prensa debe ser razonable y clara para el lector
La Corte Constitucional consideró cumplidas las rectificaciones publicadas por la revista y, en consecuencia, la orden de arresto contra el director, Alejandro Santos, por este caso, se cae.
En días pasados, el Juez 16 de Bogotá había ordenado un carcelazo de tres días contra Santos por el supuesto desacato a rectificar, como lo habían ordenado, primero un juez y luego el Tribunal Superior de Bogotá.
La revista llevaba una pelea jurídica con el magistrado Alfredo Escobar Araújo, quien exigía que se rectificara en primera página y con especificaciones que para el alto tribunal desconocen el derecho a la rectificación.
En el artículo, publicado el 26 de abril del año pasado, mencionaba que Ascencio Reyes había financiado un homenaje en Santa Marta para el magistrado Escobar Araújo, pero que en realidad, según lo demostró, fue costeada por el Tribunal de esa ciudad.
De igual forma, la Corte consideró que 'Semana' sí vulneró los derechos del magistrado al difundir una información que "era inexacta".
También señaló que el Tribunal Superior de Bogotá se excedió en las características de la rectificación, ya que estas deben tener un criterio de racionabilidad. Agregó que estas no deben ceñirse a "la forma matemática como fue publicado" sino que lo importante es que para el lector quede claro para de que se trata de una rectificación.
Otra de las exigencias del Tribunal era rectificar la expresión 'Mecenas de la Justicia', pero para la Corte este tiene un contenido de opinión. De obligar a suprimirse a rectificar se estaría violando el derecho a la expresión.
El magistrado Escobar Araújo mantiene otra tutela contra la revista por el artículo 'Los pájaros tirándoles a las escopetas', en la que también exige una rectificación.
Tierra y Justicia - El Tiempo
En días pasados, el Juez 16 de Bogotá había ordenado un carcelazo de tres días contra Santos por el supuesto desacato a rectificar, como lo habían ordenado, primero un juez y luego el Tribunal Superior de Bogotá.
La revista llevaba una pelea jurídica con el magistrado Alfredo Escobar Araújo, quien exigía que se rectificara en primera página y con especificaciones que para el alto tribunal desconocen el derecho a la rectificación.
En el artículo, publicado el 26 de abril del año pasado, mencionaba que Ascencio Reyes había financiado un homenaje en Santa Marta para el magistrado Escobar Araújo, pero que en realidad, según lo demostró, fue costeada por el Tribunal de esa ciudad.
De igual forma, la Corte consideró que 'Semana' sí vulneró los derechos del magistrado al difundir una información que "era inexacta".
También señaló que el Tribunal Superior de Bogotá se excedió en las características de la rectificación, ya que estas deben tener un criterio de racionabilidad. Agregó que estas no deben ceñirse a "la forma matemática como fue publicado" sino que lo importante es que para el lector quede claro para de que se trata de una rectificación.
Otra de las exigencias del Tribunal era rectificar la expresión 'Mecenas de la Justicia', pero para la Corte este tiene un contenido de opinión. De obligar a suprimirse a rectificar se estaría violando el derecho a la expresión.
El magistrado Escobar Araújo mantiene otra tutela contra la revista por el artículo 'Los pájaros tirándoles a las escopetas', en la que también exige una rectificación.
Tierra y Justicia - El Tiempo
sábado, 21 de marzo de 2009
Subiría hasta un metro el nivel del mar para 2100, el doble de lo estimado: ONU
La causa principal radica en que los glaciares, así como las masas de hielo de Groenlandia y la Antártida, se están derritiendo a mayor ritmo del esperado.
Así lo concluyeron expertos de varias universidades en el Congreso Científico Internacional sobre Cambio Climático de Copenhague.
Otra de las razones sería porque los océanos continúan calentándose y expandiéndose, señaló el profesor John Church, del Centro australiano para la Investigación del Clima y del Tiempo.
"Las observaciones por satélite y terrestres más recientes muestran que el nivel del mar sigue subiendo 3 milímetros al año, una cifra bien por encima de la media del siglo XX", afirmó Church, que presidió una mesa redonda con otros científicos.
La previsión más optimista lanzada en el congreso es de una subida del nivel del mar de 50 centímetros para 2100.
Los científicos advirtieron de que si no se reducen las emisiones de gases invernadero de forma rápida y substancial, la crecida del nivel del mar afectará, aún en el mejor de los casos, al 10 por ciento de la población mundial.
El último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Ipcc) de la ONU, lanzado en 2007, estimó que la crecida sería de entre 18 y 50 centímetros, si bien no incluyó en sus cálculos todos los factores, como la reacción de las masas de hielo de Groenlandia y la Antártida a las alteraciones del clima.
Konrad Steffen, director del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Medioambientales de la Universidad de Colorado (E.U.), resaltó además que habrá grandes diferencias regionales causadas por la subida del nivel del mar, dependiendo de la localización del origen de la pérdida de hielo.
Las conclusiones preliminares del congreso serán presentadas en la sesión final y formarán parte de un informe que será publicado en junio próximo y entregado a todos los participantes en la cumbre climática mundial de diciembre en Copenhague.
En esta cita se espera que se consensúe un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto, cuando éste expire en 2012.
El Congreso que hoy se ha inaugurado en la capital danesa con el nombre "Cambio climático: riesgos globales, retos y decisiones" es el resultado de la colaboración de la Universidad de Copenhague con otras 9 instituciones universitarias como las Berkeley y Yale (E.U.), Cambridge y Oxford (Gran Bretaña) y Tokio.
Tierra y Justicia - El Espectador
En el Día Mundial, el Agua, un recurso que aún no llega a millones de hogares
Aunque América Latina cuenta con importantes fuentes hídricas, millones de personas en la región carecen de acceso a agua potable por factores que van desde la contaminación hasta la privatización del servicio y la inadecuada gestión.
En la víspera de la celebración del Día Mundial del Agua, el hidrólogo colombiano Rodrigo Marín dijo a Efe que cerca de 120 millones de latinoamericanos no reciben agua potable en sus viviendas y más de 200 millones carecen de conexión al sistema de alcantarillado.
Además, más de 100 millones carecen de cobertura de saneamiento y otros 256 millones evacúan sus desechos a través de letrinas y fosas sépticas, según el Consejo Mundial del Agua.
La ausencia de dichos servicios “se concentran especialmente en la población pobre de las áreas rurales” y son “fundamentales” en la aparición de enfermedades diarreicas agudas, una de las principales causas de muerte infantil en la región, aseguró Marín.
Esta situación se relaciona más con la falta de inversión en infraestructura y los problemas de gestión del líquido que con su disponibilidad, ya que Latinoamérica tiene “alrededor del 35% del agua dulce del mundo” , destacó.
Sin embargo, ese “enorme potencial hídrico está muy mal distribuido (...), la infraestructura es ya obsoleta y se explota intensivamente” , además de que el recurso es “limitado, no renovable, privatizado y politizado” , apuntó.
Mientras Chile, Venezuela, Cuba y Costa Rica tienen los mejores índices de cobertura de agua potable y saneamiento de la región, en el extremo opuesto están Haití, El Salvador y México, que padecen “estrés hídrico”, según el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Bolivia, Ecuador y Perú también afrontan una situación crítica, de acuerdo con Oxfam Internacional, que ha alertado de la contaminación de las fuentes hídricas.
Esta agrupación explicó que la menor disponibilidad en esos países es debida a la pérdida de vegetación en las cabeceras de cuenca por la expansión agrícola, la quema de pastizales y la tala indiscriminada
A ello se suman los efectos del cambio climático, que en los últimos 40 años han causado la pérdida del 20% de las superficies de los glaciares y del caudal del río Amazonas.
Esta situación, aunada al crecimiento poblacional y a los crecientes costos para acceder al agua potable, ha provocado un aumento de las disputas en torno al vital líquido.
En Colombia varias organizaciones impulsan un referendo para declarar bien público este recurso, al que casi 16 millones de personas no tienen acceso, a pesar de que es uno de los ocho primeros países del mundo en riqueza hídrica.
La contaminación de los ríos y la reducción de las cuencas también genera escasez en República Dominicana, que trabaja en un estatuto jurídico que considere al agua insustituible para garantizar la alimentación, la salud y el desarrollo.
Los chilenos tienen el récord si se trata de las zonas urbanas, donde disponen en un 99,8% del recurso y en un 95% de sistemas de saneamiento, mientras en el campo la cifra ronda el 60% en ambos casos.
Más allá de la situación en cada país, la región está dispuesta a declarar este recurso como un “derecho humano” en el Foro Mundial del Agua que se celebra en Estambul, con la excepción de Brasil, que prefiere definirlo como una “necesidad básica”.
Para Maude Barlow, consejera de Agua en la Asamblea General de la ONU, ha llegado la hora de definir: “Si dejamos que el agua sea una mercancía mientras hay gente que muere por no tenerla, o si es un derecho humano, en cuyo caso no se podrá comercializar.
Tierra y Justicia - Efe
Empresas y gobierno se oponen a referendo por el Agua, en el Día Mundial
En medio de la conmemoración del Día Mundial del Agua y de la finalización del Foro Mundial del Agua en Estambul (del 16 al 22 de marzo), la discusión sobre este recurso continúa vigente en Colombia.
Después de recolectar más de dos millones de firmas, la iniciativa se presentó al Congreso en octubre del año pasado y el martes 17 de marzo tuvo su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, que continuó el miércoles, según explicó el vocero del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (Cndav), Rafael Colmenares.
La idea del Cndav de realizar un referendo para que el derecho al agua esté incluido en la Constitución, lleva ya dos años.
Sus propuestas consisten en "consagrar el derecho humano fundamental al agua potable y garantizarlo a través de un mínimo vital gratuito, la protección para los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y la gestión pública del agua en el país", como asegura Colmenares.
Él, quien además es director de Ecofondo, una de las organizaciones que hacen parte de esa agrupación, hizo un balance de esa primera discusión y explicó algunos conceptos básicos del proyecto de ley 171 de 2008, que convoca al referendo y que cursa en el Congreso.
¿En qué consiste ese mínimo vital gratuito al que tendrían derecho los colombianos, si se votara favorablemente el referendo?Es una cantidad que se suministra al año a las familias y que cubre las necesidades básicas de bebida, preparación de alimentos y aseo básico. Si el acceso al agua potable es un derecho fundamental, pues este mínimo vital debe ser para todas las personas.
A través de una política tarifaria puede conducirse de manera que beneficie fundamentalmente a las familias pobres.
El problema que existe en el país es que el 64 por ciento de la población está en los tres estratos más bajos, 1, 2 y 3. Si se le añade el estrato 4, que no es un rico, entonces llega a un 80 por ciento. Es decir, que el mínimo vital gratuito favorecería a estos sectores.
¿Cuál es la diferencia entre esa política tarifaria y el pago que se hace actualmente, de acuerdo con el estrato? En que actualmente el subsidio cruzado es un descuento sobre lo que esta familia pobre tendría que pagar. Entonces, si debe 30 mil pesos, el subsidio le cubre 10 mil, mientras que el mínimo vital es una cantidad que la familia recibe, de entrada, gratuitamente. Es como si usted tomara un taxi y le dijeran "las 10 primeras cuadras son gratis". Son dos cosas diferentes.
¿Cómo se mediría el mínimo vital?
Habría que definirlo de acuerdo con la región del país, incluso con los mismos estratos sociales. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un parámetro de 50 litros diarios por persona, pero eso puede ser mayor o menor dependiendo de la región y de factores como la posibilidad del suministro.
¿En qué consiste la política tarifaria que ustedes proponen?Estamos haciendo una propuesta de reforma a la Constitución. La política habría que desarrollarla a partir de su aprobación. Lo que quiero decir es que cuando se toma una decisión, como la de la ley 142 del 94, que rige actualmente, se hacen adaptaciones tarifarias. Nuestro esquema es humanitario y social, en contraposición al de esa ley, que privilegia lo económico.
La Superintendencia de Servicios Públicos dice que la iniciativa subsidiaría a los ricos. ¿Qué piensa de eso? Eso es cínico. Es como si usted le fuera a dar un almuerzo gratis a 30 personas sin recursos y porque alguien rico se sentara ahí, entonces usted le niega ese almuerzo a 29 pobres. Debería preocuparle más que su política de altas tarifas, pues hay 400.000 personas desconectadas del servicio por no tener capacidad de pago.
¿Qué conclusiones sacaron del debate de la semana pasada?Que hay una oposición fuerte de parte del Gobierno en general y de las empresas prestadoras del servicio, porque nuestra propuesta les impediría seguir haciendo el jugoso negocio con el agua. Pero hay elementos que no han podido cuestionar como el derecho humano al agua ni la propuesta ambiental, sobre la cual, incluso, han manifestado que están de acuerdo. Se puede decir que el tema del agua en Colombia va a tener, a partir de esta iniciativa, una importancia de primer orden en la agenda pública de Colombia.
¿Qué opina sobre la modificación del texto inicial?
Es contradictoria porque más de dos millones de personas firmaron para que ese texto se sometiera a votación del pueblo colombiano. De entrada, la modificación de ese texto es una especie de desaire. Ahora, el problema es saber cuáles son las modificaciones que se proponen.
Si cambian sustancialmente puntos esenciales de la propuesta como el derecho humano fundamental al agua potable, el mínimo vital gratuito y la no privatización del agua, quedaría reducida a su mínima expresión y, en esas condiciones, estaríamos hablando de otra propuesta completamente distinta.
El Tiempo - Tierra y Justicia
Después de recolectar más de dos millones de firmas, la iniciativa se presentó al Congreso en octubre del año pasado y el martes 17 de marzo tuvo su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, que continuó el miércoles, según explicó el vocero del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (Cndav), Rafael Colmenares.
La idea del Cndav de realizar un referendo para que el derecho al agua esté incluido en la Constitución, lleva ya dos años.
Sus propuestas consisten en "consagrar el derecho humano fundamental al agua potable y garantizarlo a través de un mínimo vital gratuito, la protección para los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y la gestión pública del agua en el país", como asegura Colmenares.
Él, quien además es director de Ecofondo, una de las organizaciones que hacen parte de esa agrupación, hizo un balance de esa primera discusión y explicó algunos conceptos básicos del proyecto de ley 171 de 2008, que convoca al referendo y que cursa en el Congreso.
¿En qué consiste ese mínimo vital gratuito al que tendrían derecho los colombianos, si se votara favorablemente el referendo?Es una cantidad que se suministra al año a las familias y que cubre las necesidades básicas de bebida, preparación de alimentos y aseo básico. Si el acceso al agua potable es un derecho fundamental, pues este mínimo vital debe ser para todas las personas.
A través de una política tarifaria puede conducirse de manera que beneficie fundamentalmente a las familias pobres.
El problema que existe en el país es que el 64 por ciento de la población está en los tres estratos más bajos, 1, 2 y 3. Si se le añade el estrato 4, que no es un rico, entonces llega a un 80 por ciento. Es decir, que el mínimo vital gratuito favorecería a estos sectores.
¿Cuál es la diferencia entre esa política tarifaria y el pago que se hace actualmente, de acuerdo con el estrato? En que actualmente el subsidio cruzado es un descuento sobre lo que esta familia pobre tendría que pagar. Entonces, si debe 30 mil pesos, el subsidio le cubre 10 mil, mientras que el mínimo vital es una cantidad que la familia recibe, de entrada, gratuitamente. Es como si usted tomara un taxi y le dijeran "las 10 primeras cuadras son gratis". Son dos cosas diferentes.
¿Cómo se mediría el mínimo vital?
Habría que definirlo de acuerdo con la región del país, incluso con los mismos estratos sociales. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un parámetro de 50 litros diarios por persona, pero eso puede ser mayor o menor dependiendo de la región y de factores como la posibilidad del suministro.
¿En qué consiste la política tarifaria que ustedes proponen?Estamos haciendo una propuesta de reforma a la Constitución. La política habría que desarrollarla a partir de su aprobación. Lo que quiero decir es que cuando se toma una decisión, como la de la ley 142 del 94, que rige actualmente, se hacen adaptaciones tarifarias. Nuestro esquema es humanitario y social, en contraposición al de esa ley, que privilegia lo económico.
La Superintendencia de Servicios Públicos dice que la iniciativa subsidiaría a los ricos. ¿Qué piensa de eso? Eso es cínico. Es como si usted le fuera a dar un almuerzo gratis a 30 personas sin recursos y porque alguien rico se sentara ahí, entonces usted le niega ese almuerzo a 29 pobres. Debería preocuparle más que su política de altas tarifas, pues hay 400.000 personas desconectadas del servicio por no tener capacidad de pago.
¿Qué conclusiones sacaron del debate de la semana pasada?Que hay una oposición fuerte de parte del Gobierno en general y de las empresas prestadoras del servicio, porque nuestra propuesta les impediría seguir haciendo el jugoso negocio con el agua. Pero hay elementos que no han podido cuestionar como el derecho humano al agua ni la propuesta ambiental, sobre la cual, incluso, han manifestado que están de acuerdo. Se puede decir que el tema del agua en Colombia va a tener, a partir de esta iniciativa, una importancia de primer orden en la agenda pública de Colombia.
¿Qué opina sobre la modificación del texto inicial?
Es contradictoria porque más de dos millones de personas firmaron para que ese texto se sometiera a votación del pueblo colombiano. De entrada, la modificación de ese texto es una especie de desaire. Ahora, el problema es saber cuáles son las modificaciones que se proponen.
Si cambian sustancialmente puntos esenciales de la propuesta como el derecho humano fundamental al agua potable, el mínimo vital gratuito y la no privatización del agua, quedaría reducida a su mínima expresión y, en esas condiciones, estaríamos hablando de otra propuesta completamente distinta.
El Tiempo - Tierra y Justicia
Alerta porque deshielo en polos se acelera, suben las aguas y la temperatura mundial
En 1990, el climatólogo Konrad Steffen, de la Universidad de Colorado (Estados Unidos), montó un campamento científico en la helada superficie de Groenlandia. Lo que encontró, pocos años después, fue un dato aterrador sobre un problema diferente: las temperaturas de esta isla gigantesca, 19 veces mayor que Colombia y cubierta en un 80 por ciento por hielo, aumentaban a enormes velocidades.
En 1997, la evidencia lo convenció de que parte del glaciar de Jakobshavn se licuó como una paleta en el horno y se habían multiplicado los pequeños sismos de la capa de hielo. Este era síntoma inequívoco de que se derretía a tal rapidez que perdía cada año una masa igual a todas las nieves de los Alpes. "Ahí entendimos -dice Steffen- que Groenlandia se estaba deshaciendo." La alarma que provocó el hallazgo de Steffen y su equipo coincidía con las de otros científicos de otros lugares del mundo.
Buena parte de esos sabios se reunieron en Copenhague entre el 10 y el 12 de marzo pasado para estudiar "el cambio climático, sus riesgos globales, desafíos y decisiones". Dos mil quinientos asistentes de ochenta países llegaron a conclusiones que deberían haber salpicado las primeras páginas de los medios de comunicación. La primera es que el proceso global de deshielo avanza a mayor velocidad de lo que se temía y, para completar, "existe el riesgo de que las tendencias se aceleren". La segunda, que, ante el fenómeno, somos mucho más vulnerables que lo pensado: "Las sociedades contemporáneas tendrán dificultades para manejar un aumento de dos grados centígrados en el clima".
La tercera, que las naciones más pobres serán las más perjudicadas. La cuarta, que la tardanza en empezar a combatir en serio el calentamiento global hará imposible cumplir aun las metas más cautelosas. La quinta, que los gobiernos ya no pueden seguir con los brazos cruzados. Y la sexta, que persisten numerosos aliados inconscientes de la catástrofe que se avecina, entre ellos ciertos intereses comerciales y políticos, la inercia indiferente de los sistemas económicos y la falta de compromiso de todos los agentes sociales.
Las cifras justifican la preocupación. Hace ya dos años, la comisión intergubernamental de la ONU sobre cambio climático predijo que, en el 2100, el nivel de los océanos habrá aumentado entre 18 y 59 centímetros. Eran cálculos optimistas. Hoy se cree que se tardará mucho menos en alcanzar esas devastadoras dimensiones. Se trata de un círculo vicioso. El consumo de combustibles derivados del petróleo, fuente principal de energía de la civilización contemporánea, contribuye a calentar el clima; el calentamiento provoca el deshielo de las masas polares, de las capas nevadas de los páramos y de Groenlandia; el deshielo desprende témpanos que viajarán por los mares y les aportarán más agua; la llegada masiva de agua fresca provocará serios trastornos en las corrientes marinas, que contribuyen a estabilizar los niveles hídricos; tales trastornos perturbarán aún más la estabilidad de las aguas.
Colombia no es territorio inmune a los catastróficos efectos de este creciente fenómeno climático. Todo lo contrario. Según un estudio de la Cruz Roja, entre el 2020 y el 2030 el 56 por ciento de los páramos y el 78 por ciento de los glaciares colombianos desaparecerán. La isla de San Andrés es uno de los puntos más vulnerables a la subida del nivel del mar: con un metro que este aumente, el 17 por ciento del departamento insular quedaría sumergido. El 8 por ciento del territorio nacional podría terminar convertido en un desierto y las lluvias disminuirían en un 30 por ciento. Enfermedades como el dengue, la malaria y el cólera aumentarían por los problemas con el agua y el ciclo de vida de los mosquitos transmisores. Las voces de alarma están gritando. La pregunta es: ¿alguien las oye?
Tierra y Justicia - El Tiempo Editorial
En 1997, la evidencia lo convenció de que parte del glaciar de Jakobshavn se licuó como una paleta en el horno y se habían multiplicado los pequeños sismos de la capa de hielo. Este era síntoma inequívoco de que se derretía a tal rapidez que perdía cada año una masa igual a todas las nieves de los Alpes. "Ahí entendimos -dice Steffen- que Groenlandia se estaba deshaciendo." La alarma que provocó el hallazgo de Steffen y su equipo coincidía con las de otros científicos de otros lugares del mundo.
Buena parte de esos sabios se reunieron en Copenhague entre el 10 y el 12 de marzo pasado para estudiar "el cambio climático, sus riesgos globales, desafíos y decisiones". Dos mil quinientos asistentes de ochenta países llegaron a conclusiones que deberían haber salpicado las primeras páginas de los medios de comunicación. La primera es que el proceso global de deshielo avanza a mayor velocidad de lo que se temía y, para completar, "existe el riesgo de que las tendencias se aceleren". La segunda, que, ante el fenómeno, somos mucho más vulnerables que lo pensado: "Las sociedades contemporáneas tendrán dificultades para manejar un aumento de dos grados centígrados en el clima".
La tercera, que las naciones más pobres serán las más perjudicadas. La cuarta, que la tardanza en empezar a combatir en serio el calentamiento global hará imposible cumplir aun las metas más cautelosas. La quinta, que los gobiernos ya no pueden seguir con los brazos cruzados. Y la sexta, que persisten numerosos aliados inconscientes de la catástrofe que se avecina, entre ellos ciertos intereses comerciales y políticos, la inercia indiferente de los sistemas económicos y la falta de compromiso de todos los agentes sociales.
Las cifras justifican la preocupación. Hace ya dos años, la comisión intergubernamental de la ONU sobre cambio climático predijo que, en el 2100, el nivel de los océanos habrá aumentado entre 18 y 59 centímetros. Eran cálculos optimistas. Hoy se cree que se tardará mucho menos en alcanzar esas devastadoras dimensiones. Se trata de un círculo vicioso. El consumo de combustibles derivados del petróleo, fuente principal de energía de la civilización contemporánea, contribuye a calentar el clima; el calentamiento provoca el deshielo de las masas polares, de las capas nevadas de los páramos y de Groenlandia; el deshielo desprende témpanos que viajarán por los mares y les aportarán más agua; la llegada masiva de agua fresca provocará serios trastornos en las corrientes marinas, que contribuyen a estabilizar los niveles hídricos; tales trastornos perturbarán aún más la estabilidad de las aguas.
Colombia no es territorio inmune a los catastróficos efectos de este creciente fenómeno climático. Todo lo contrario. Según un estudio de la Cruz Roja, entre el 2020 y el 2030 el 56 por ciento de los páramos y el 78 por ciento de los glaciares colombianos desaparecerán. La isla de San Andrés es uno de los puntos más vulnerables a la subida del nivel del mar: con un metro que este aumente, el 17 por ciento del departamento insular quedaría sumergido. El 8 por ciento del territorio nacional podría terminar convertido en un desierto y las lluvias disminuirían en un 30 por ciento. Enfermedades como el dengue, la malaria y el cólera aumentarían por los problemas con el agua y el ciclo de vida de los mosquitos transmisores. Las voces de alarma están gritando. La pregunta es: ¿alguien las oye?
Tierra y Justicia - El Tiempo Editorial
viernes, 20 de marzo de 2009
Tutela ordena devolver un piso de Megacentro donde funcionaba DMG
La Corte Suprema de Justicia ordenó que permitan a los dueños usar el tercer piso del lugar donde funcionaba DMG en Bogotá.
Mediante una acción de tutela Inversiones Sánchez Rivera, dueña de Megacentro, lugar donde funcionaba DMG en Bogotá, buscaba que se respetara su derecho a la presunción de buena fe y los dejaran utilizar el tercer piso del lugar, donde antes de ser intervenida la Comercializadora, funcionaban las oficinas de administración.
Cuando fue intervenida la Comercializadora DMG, su sede principal, ubicada en la Autopista Norte con calle 170 en el sitio denominado como Megacentro, en el tercer piso funcionaban las oficinas de administración, que fueron igualmente cerradas.
Pero la Corte ordenó que sea devuelto ese piso porque nunca fue dado en arriendo, amparando de esta forma el derecho al principio de buena fe de los dueños de Inversiones Sánchez Rivera.
El Espectador - Tierra y Justicia
Mediante una acción de tutela Inversiones Sánchez Rivera, dueña de Megacentro, lugar donde funcionaba DMG en Bogotá, buscaba que se respetara su derecho a la presunción de buena fe y los dejaran utilizar el tercer piso del lugar, donde antes de ser intervenida la Comercializadora, funcionaban las oficinas de administración.
Cuando fue intervenida la Comercializadora DMG, su sede principal, ubicada en la Autopista Norte con calle 170 en el sitio denominado como Megacentro, en el tercer piso funcionaban las oficinas de administración, que fueron igualmente cerradas.
Pero la Corte ordenó que sea devuelto ese piso porque nunca fue dado en arriendo, amparando de esta forma el derecho al principio de buena fe de los dueños de Inversiones Sánchez Rivera.
El Espectador - Tierra y Justicia
Más Impuestos para carros y motocicletas
Estos impuestos estarán contemplados en la Reforma Tributaria Territorial que presentará el Gobierno, la próxima semana, al Congreso con ‘mensaje de urgencia'.
Esta reforma le puede entregar a los departamentos un cifra cercana a los $800.000 millones al año, que en su mayoría tendrá que empelarse en mejorar la cobertura en salud.
El anuncio fue hecho por el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al advertir que también se modificará el tributo para los licores y cigarrillos.
Zuluaga indicó que en materia de licores se reducirá el número de niveles tributarios de cuatro de la actualidad a dos; en cigarillos se llegará a un solo impuesto, con una transición de dos años.
Se modificará las tablas para el cobro del impuesto a los vehículos, hacer rangos muchos más amplios para evitar lo que está sucediendo en la actualidad, "que con la depreciación (de vehículo) está disminuyendo en gran parte para los señores de los carros gran parte de los impuestos a pagar". Mientras el vehículo se deprecia, mantiene alto el rango para el pago del tributo, consideran expertos consultados.
Impuestos territoriales
La reforma tributaria permitirá que el impuesto del registro que giran al Fonpet (Fondo de Pensiones Territoriales) puedan utilizarlos para cruce de cuentas en cuotas partes pensionales.
La iniciativa autorizará a los municipios cobrar el alumbrado público, lo que deja sin piso el fallo del Consejo de Estado que no permite que las administraciones municipales cobren este servicio. "Queremos recuperar el soporte jurídico", indicó el funcionario.
Se propone un ajuste en industria y comercio en cuanto a la distribución del impuesto que paga la telefonía celular para que sea irrigado entre todos los municipios. "Es una reforma moderada que corrige muchas distorsiones que hay en estos tributos (departamentales)", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.
Tierra y Justicia - El Espectador
Esta reforma le puede entregar a los departamentos un cifra cercana a los $800.000 millones al año, que en su mayoría tendrá que empelarse en mejorar la cobertura en salud.
El anuncio fue hecho por el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al advertir que también se modificará el tributo para los licores y cigarrillos.
Zuluaga indicó que en materia de licores se reducirá el número de niveles tributarios de cuatro de la actualidad a dos; en cigarillos se llegará a un solo impuesto, con una transición de dos años.
Se modificará las tablas para el cobro del impuesto a los vehículos, hacer rangos muchos más amplios para evitar lo que está sucediendo en la actualidad, "que con la depreciación (de vehículo) está disminuyendo en gran parte para los señores de los carros gran parte de los impuestos a pagar". Mientras el vehículo se deprecia, mantiene alto el rango para el pago del tributo, consideran expertos consultados.
Impuestos territoriales
La reforma tributaria permitirá que el impuesto del registro que giran al Fonpet (Fondo de Pensiones Territoriales) puedan utilizarlos para cruce de cuentas en cuotas partes pensionales.
La iniciativa autorizará a los municipios cobrar el alumbrado público, lo que deja sin piso el fallo del Consejo de Estado que no permite que las administraciones municipales cobren este servicio. "Queremos recuperar el soporte jurídico", indicó el funcionario.
Se propone un ajuste en industria y comercio en cuanto a la distribución del impuesto que paga la telefonía celular para que sea irrigado entre todos los municipios. "Es una reforma moderada que corrige muchas distorsiones que hay en estos tributos (departamentales)", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.
Tierra y Justicia - El Espectador
Juez implicado en fraude de $8.500 millones irá a juicio
Antonio Rafael Vives se desempeñaba como Juez Segundo Civil Municipal de Ciénaga.
Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la acusación proferida en contra del funcionario acusado de ser el presunto autor responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso con prevaricato por acción y cohecho propio por la defraudación de más de $8.500 millones al Seguro Social.
Ahora el proceso será remitido a los jueces de Santa Marta para que adelanten la etapa de juicio.
Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2007 cuando Vives se desempeñaba como el titular de este despacho, situación que aprovechó para fallar en más de 50 demandas en contra del Instituto de Seguros Sociales.
"En la instrucción la Fiscalía estableció que en muchos de los casos el juzgado a cargo de Vives Cervantes no tenía jurisdicción para actuar y que no era competente para admitir y tramitar las demandas ejecutivas", señala la Fiscalía.
Además, la investigación puedo determinar que se utilizaron documentos falsos para soportar fallos y se tramitaron todos en menos de un año.
"Para la Fiscalía, las maniobras ejecutadas por Vives Cervantes significaron que el ISS fuera defraudado sobre la base de obligaciones inexistentes, en más de $8.500 millones", agregó la investigación.
Tierra y Justicia - El Espectador
Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la acusación proferida en contra del funcionario acusado de ser el presunto autor responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso con prevaricato por acción y cohecho propio por la defraudación de más de $8.500 millones al Seguro Social.
Ahora el proceso será remitido a los jueces de Santa Marta para que adelanten la etapa de juicio.
Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2007 cuando Vives se desempeñaba como el titular de este despacho, situación que aprovechó para fallar en más de 50 demandas en contra del Instituto de Seguros Sociales.
"En la instrucción la Fiscalía estableció que en muchos de los casos el juzgado a cargo de Vives Cervantes no tenía jurisdicción para actuar y que no era competente para admitir y tramitar las demandas ejecutivas", señala la Fiscalía.
Además, la investigación puedo determinar que se utilizaron documentos falsos para soportar fallos y se tramitaron todos en menos de un año.
"Para la Fiscalía, las maniobras ejecutadas por Vives Cervantes significaron que el ISS fuera defraudado sobre la base de obligaciones inexistentes, en más de $8.500 millones", agregó la investigación.
Tierra y Justicia - El Espectador
Por no consultar a indígenas, Corte tumbó Ley de Estatuto Rural
La Corte Constitucional aseguró que no se consultó a las comunidades indígenas de manera previa a su aprobación.
"No se cumplió la obligación que promueve el proyecto de Ley (Gobierno), como por parte del Congreso de la República, de consultar previamente a las comunidades indígenas", dijo el presidente del alto tribunal, Nilson Pinilla al explicar la decisión.
El proyecto de ley del Estatuto de Desarrollo Rural había sido aprobado por el congreso en junio de 2007, aunque organizaciones como Prensa Rural no lo aprobaban.
La Organización Nacional Indígena de Colombia le dijo a esa organización en el 2007 que el Estatuto “desconoce y atropella directamente normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente tales como la libre determinación y el manejo y control de los territorios. Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos, igual derecho de terceros. Entendemos que este proyecto es toda una estrategia de adecuación del territorio a la entrada en vigencia el TLC y, en tal sentido, de un cambio en los usos del suelo".
Entre otras cosas, el estatuto buscaba, según el proyecto de ley, "la promoción y consolidación de la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social y el bienestar de la población rural" colombiana, además de "el fortalecimiento y ampliación de la política social en el sector rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso de los pobladores rurales de menores ingresos a la propiedad de la tierra y a otros factores productivos, para reducir la pobreza y las desigualdades sociales".
Tierra y Justicia - El Espectador
"No se cumplió la obligación que promueve el proyecto de Ley (Gobierno), como por parte del Congreso de la República, de consultar previamente a las comunidades indígenas", dijo el presidente del alto tribunal, Nilson Pinilla al explicar la decisión.
El proyecto de ley del Estatuto de Desarrollo Rural había sido aprobado por el congreso en junio de 2007, aunque organizaciones como Prensa Rural no lo aprobaban.
La Organización Nacional Indígena de Colombia le dijo a esa organización en el 2007 que el Estatuto “desconoce y atropella directamente normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente tales como la libre determinación y el manejo y control de los territorios. Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos, igual derecho de terceros. Entendemos que este proyecto es toda una estrategia de adecuación del territorio a la entrada en vigencia el TLC y, en tal sentido, de un cambio en los usos del suelo".
Entre otras cosas, el estatuto buscaba, según el proyecto de ley, "la promoción y consolidación de la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social y el bienestar de la población rural" colombiana, además de "el fortalecimiento y ampliación de la política social en el sector rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso de los pobladores rurales de menores ingresos a la propiedad de la tierra y a otros factores productivos, para reducir la pobreza y las desigualdades sociales".
Tierra y Justicia - El Espectador
lunes, 16 de marzo de 2009
"Duda razonable" absolvió a Ministros de la "Yidispolítica"
Asegura que tanto el ex ministro Sabas Pretelt como el ex viceministro Hernando Angarita tenían dentro de sus funciones acompañar la labor del Congreso sin que eso implique que hubieran ejercido presiones insalvables a favor de la reelección.
Así mismo, da crédito a la explicación que dieron el ministro Diego Palacio y el ex representante Teodolindo Avendaño (llamado a juicio por cohecho) sobre la cita que tuvieron en la oficina del último por los días de la reelección: que el congresista quería que le explicaran algunos detalles de la Ley 100 que podrían afectar a su región, el Valle del Cauca.
En los dos casos, la Procuraduría aplica el principio de duda razonable en favor de los procesados y por eso archivó las investigaciones en su contra por estos hechos.
El Procurador General, Alejandro Ordoñez, al anunciar la decisión, dijo que el Ministerio Público no encontró indicios que validaran las denuncias sobre beneficios burocráticos que los dos funcionarios habrían otorgado para lograr en el Congreso la reforma constitucional que permitió la reelección en 2006.
El proceso
La denuncia había sido instaurada por la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, quien fue condenada a tres años y once meses de prisión domiciliaria por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho propio, tras denunciar que el gobierno le ofreció dádivas burocráticas para votar a favor de la reforma constitucional.
Los votos en el Congreso de Medina y del también representante Teodolindo Avendaño -igualmente preso- permitieron que en 2004 la reforma constitucional fuera aprobada, tras lo cual Uribe fue reelegido en 2006 con un amplio margen.
El embajador Pretelt y el ministro Palacio son investigados por el mismo caso por la Fiscalía General, que aún no ha decidido si les formula o no algún cargo.
El Procurador dijo en rueda de prensa que como Yidis Medina se negó a validar ante el Ministerio Público las afirmaciones que hizo ante la Corte Suprema, su testimonio no fue tenido en cuenta.
Las indagaciones de la Procuraduría, agregó, tampoco validaron las denuncias de supuestos beneficios burocráticos a sus allegados a cambio de su voto.
El abogado de Palacios, Jaime Lombana, en diálogo con la emisora La W, sostuvo que la ex congresista Yidis Medina siempre mintió a la justicia.
"Desde hace mucho tiempo un juez objetivo debía calificar la conducta de Yidis Medina, para ver cómo le mentía sin ningún temor a la administración de justicia tanto en la comisión de acusaciones como en la Fiscalía", dijo Lombana.
El embajador Pretelt de la Vega consideró, por su parte, que espera que en igual sentido se pronuncie la Fiscalía, donde queda pendiente definir su conducta.
"Mire lo que he padecido yo con todas estas acusaciones, pero se va aclarando todo y lo que me interesa es que mi nombre y el de mi familia quede subsanado y también que no hicimos ninguna labor sucia para beneficiar al presidente de la República sino que fue un trabajo totalmente transparente", puntualizó Pretelt de la Vega en La W.
Tierra y Justicia - El Tiempo
Así mismo, da crédito a la explicación que dieron el ministro Diego Palacio y el ex representante Teodolindo Avendaño (llamado a juicio por cohecho) sobre la cita que tuvieron en la oficina del último por los días de la reelección: que el congresista quería que le explicaran algunos detalles de la Ley 100 que podrían afectar a su región, el Valle del Cauca.
En los dos casos, la Procuraduría aplica el principio de duda razonable en favor de los procesados y por eso archivó las investigaciones en su contra por estos hechos.
El Procurador General, Alejandro Ordoñez, al anunciar la decisión, dijo que el Ministerio Público no encontró indicios que validaran las denuncias sobre beneficios burocráticos que los dos funcionarios habrían otorgado para lograr en el Congreso la reforma constitucional que permitió la reelección en 2006.
El proceso
La denuncia había sido instaurada por la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, quien fue condenada a tres años y once meses de prisión domiciliaria por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho propio, tras denunciar que el gobierno le ofreció dádivas burocráticas para votar a favor de la reforma constitucional.
Los votos en el Congreso de Medina y del también representante Teodolindo Avendaño -igualmente preso- permitieron que en 2004 la reforma constitucional fuera aprobada, tras lo cual Uribe fue reelegido en 2006 con un amplio margen.
El embajador Pretelt y el ministro Palacio son investigados por el mismo caso por la Fiscalía General, que aún no ha decidido si les formula o no algún cargo.
El Procurador dijo en rueda de prensa que como Yidis Medina se negó a validar ante el Ministerio Público las afirmaciones que hizo ante la Corte Suprema, su testimonio no fue tenido en cuenta.
Las indagaciones de la Procuraduría, agregó, tampoco validaron las denuncias de supuestos beneficios burocráticos a sus allegados a cambio de su voto.
El abogado de Palacios, Jaime Lombana, en diálogo con la emisora La W, sostuvo que la ex congresista Yidis Medina siempre mintió a la justicia.
"Desde hace mucho tiempo un juez objetivo debía calificar la conducta de Yidis Medina, para ver cómo le mentía sin ningún temor a la administración de justicia tanto en la comisión de acusaciones como en la Fiscalía", dijo Lombana.
El embajador Pretelt de la Vega consideró, por su parte, que espera que en igual sentido se pronuncie la Fiscalía, donde queda pendiente definir su conducta.
"Mire lo que he padecido yo con todas estas acusaciones, pero se va aclarando todo y lo que me interesa es que mi nombre y el de mi familia quede subsanado y también que no hicimos ninguna labor sucia para beneficiar al presidente de la República sino que fue un trabajo totalmente transparente", puntualizó Pretelt de la Vega en La W.
Tierra y Justicia - El Tiempo
No se extraditará a quien haya sido juzgado por los mismos delitos, Corte S.
Los magistrados de la Sala Penal del Alto Tribunal agregan que remitirlo a las autoridades extranjeras en esas condiciones significa someterlo a ser juzgado dos veces por idéntico hecho(...)". Por eso, en un comunicado, aseguraron que seguirán negando la solicitud de envío en esos casos.
En su declaración resaltaron la importancia de la extradición como una herramienta útil para atacar el crimen transnacional y aseguraron que siempre han mantenido esta postura a pesar de las amenazas y atentados de los grupos de narcotraficantes.
Según la Sala, los conceptos emitidos por la Corte, cumplen con los compromisos internacionales suscritos por Colombia y lo establecido en la Constitución.
Pero la extradición no puede "(...) negar la vigencia y la misma existencia de la acción de la justicia colombiana en los casos que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico patrio, debe imperar la jurisdicción nacional(...)", subrayaron los magistrados.
El pronunciamiento se produce luego de la polémica entre Corte y Gobierno por el caso de Fredy Ferney Monsalve, a quien autoridades de Colombia y Estados Unidos buscaban por narcotráfico.
Pero la Sala Penal de la Corte negó el pasado 19 de febrero la extradición porque la persona que era reclamada por los tribunales de Estados Unidos ya había sido condenada por narcotráfico en Colombia.
Al negar el envío de Fredy Ferney Monsalve, la Corte sentó una nueva condición para las extradiciones: "Cuando previamente a la solicitud de extradición el requerido ya ha sido juzgado, la extradición se hace improcedente y la ejecución de la pena debe hacerse de manera imperativa con prevalencia sobre la del Estado requirente".
Pero el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, llamó la atención sobre una posible cascada de sentencias anticipadas de narcos para sacarle así el cuerpo a las extradiciones.
De hecho, hay algunos capos, como 'Don Mario' y el mismo 'Cuchillo', cuyas extradiciones aún no han sido formalizadas.
Además, dijo, el Gobierno perdería también el margen de maniobra que tuvo para mandar, hace un año, a varios de los principales jefes paramilitares. Varios de los que están en Colombia han confesado ese delito en Justicia y Paz.
Tierra y Justicia - El Tiempo
En su declaración resaltaron la importancia de la extradición como una herramienta útil para atacar el crimen transnacional y aseguraron que siempre han mantenido esta postura a pesar de las amenazas y atentados de los grupos de narcotraficantes.
Según la Sala, los conceptos emitidos por la Corte, cumplen con los compromisos internacionales suscritos por Colombia y lo establecido en la Constitución.
Pero la extradición no puede "(...) negar la vigencia y la misma existencia de la acción de la justicia colombiana en los casos que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico patrio, debe imperar la jurisdicción nacional(...)", subrayaron los magistrados.
El pronunciamiento se produce luego de la polémica entre Corte y Gobierno por el caso de Fredy Ferney Monsalve, a quien autoridades de Colombia y Estados Unidos buscaban por narcotráfico.
Pero la Sala Penal de la Corte negó el pasado 19 de febrero la extradición porque la persona que era reclamada por los tribunales de Estados Unidos ya había sido condenada por narcotráfico en Colombia.
Al negar el envío de Fredy Ferney Monsalve, la Corte sentó una nueva condición para las extradiciones: "Cuando previamente a la solicitud de extradición el requerido ya ha sido juzgado, la extradición se hace improcedente y la ejecución de la pena debe hacerse de manera imperativa con prevalencia sobre la del Estado requirente".
Pero el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, llamó la atención sobre una posible cascada de sentencias anticipadas de narcos para sacarle así el cuerpo a las extradiciones.
De hecho, hay algunos capos, como 'Don Mario' y el mismo 'Cuchillo', cuyas extradiciones aún no han sido formalizadas.
Además, dijo, el Gobierno perdería también el margen de maniobra que tuvo para mandar, hace un año, a varios de los principales jefes paramilitares. Varios de los que están en Colombia han confesado ese delito en Justicia y Paz.
Tierra y Justicia - El Tiempo
lunes, 9 de marzo de 2009
Igualdad salarial para las mujeres colombianas
La firma de este proyecto entre la Consejería Presidencial para la Equidad y distintos gremios, busca principalmente conseguir la inclusión efectiva de la mujer en el sector laboral. Este pacto, también pretende mejorar las condiciones de igualdad salarial con los hombres.
Según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), en Colombia hay 17.259.000 mujeres en edad de trabajar y de ellas, el 46,3 por ciento hace parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y un 53,7 por ciento se considera población inactiva.
Las mujeres que hacen parte de la PEA y están ocupadas, son aproximadamente 6.866.000, y de éstas, 3.887.000 viven en las 13 áreas metropolitanas, donde más de la mitad se ubica en la economía informal, en su mayoría en empleos precarios y de poco amparo en los derechos establecidos por ley.
Otras cifras del Dane indican que las mujeres que hacen parte de la PEA y están inactivas suman 9.263.000. Un 62 por ciento de ese total están dedicadas al trabajo reproductivo, es decir al cuidado de la vida en el hogar y el mantenimiento de la fuerza de trabajo.
Esas mujeres "históricamente han sido invisibles a los análisis económicos, ya que su labor socialmente no se considera trabajo", destaca la Escuela Nacional Sindical (ENS), al recordar hoy los datos.
La misma ENS indicó que en el último año 2007-2008, considerando la totalidad de la PEA, en el país hubo 67.000 puestos de trabajo menos para las mujeres y 185.000 más para los hombres.
Esto quiere decir que la población femenina "sigue teniendo menores oportunidades de acceso al mercado laboral, lo que se traduce en pérdida del bienestar y endurecimiento de las desigualdades entre éstas y los hombres", según la ENS.
Tierra y Justicia - El Tiempo
lunes, 2 de marzo de 2009
Procuraduría pide exequibilidad de la Ley Antidopaje
La Procuraduría General de la Nación pide la constitucionalidad de la ley que apoya las medidas antidopaje. La Procuraduría asegura que la Ley 1207 de 2008 que aprueba la Convención Internacional Contra el Dopaje, es una que apoya las sanas prácticas del deporte en el país.
La norma que a nivel internacional fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, y busca promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra este, con miras a su eliminación.
"Con la firma del convenio el Estado Colombiano se compromete a implementar todas las medidas, incluidas las financieras, para restringir, limitar y controlar la utilización de sustancias y métodos ilegales en toda competición deportiva imponiendo las medidas sancionatorias contra el deportista y su personal de apoyo cuando este le induzca o fomente en la infracción a las normas antidopaje", precisó el Ministerio Público.
La Procuraduría aplaudió las medidas de control al dopaje y sobre todo los controles sorpresa a los deportistas, sea o no durante una competición, además de "la implementación de los códigos de ética deportiva y el fomento de los programas de capacitación en control antidoping".
Tierra y Justicia - Elespectador.com
Tribunal especial con médicos y sicólogos para casos de dosis personal
Esta es una de las principales novedades que tendrá un proyecto de ley que el Ministerio del Interior y de Justicia presentará al Congreso para revivir en Colombia la penalización de la dosis mínima.
El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, le confirmó a EL TIEMPO que se trataría de 'Tribunales de Tratamiento de Drogas' que buscarían hacer el balance entre la atención médica que requieren los adictos sin que eso implique "legalizar el consumo".
Si una persona lleva droga y es capturada en más de una ocasión o si cometió un delito bajo los efectos de la droga, iría a esos tribunales.
La sanción, dependiendo de la gravedad de la ofensa, sería terapéutica: tratamiento médico en un establecimiento público especializado, pero con privación temporal de la libertad. En los delitos graves se cumpliría la pena normal y el tratamiento de desintoxicación sería obligatorio.
El argumento central del Gobierno nunca ha sido penalizar al enfermo -dice el Viceministro-. El tema de los Tribunales surgió luego de consultar a las Naciones Unidas y busca dar una respuesta más amplia al problema".
¿Cómo operaría?
La tarea principal será determinar si se trata de un adicto o un vendedor. Juez y médicos, cuyos conceptos tendrían la validez que hoy tienen los de Medicina Legal, evaluarían caso por caso. Por ejemplo, mirarían si un delito fue producto de "desesperación para comprar droga".
"Si se trata de un adicto que bajo el efecto de la adicción genera delitos, será sometido a tratamiento terapéutico con privación temporal de la libertad", explica el viceministro Ceballos.
Las opciones que se barajan son construir esos establecimientos especiales o adecuar pabellones de este tipo en algunas cárceles del país.
Los Tribunales y los centros de rehabilitación, en principio, estarían en las zonas donde según la última Encuesta hay mayor índice de consumo: Antioquia, Bogotá, Valle, Cauca y Nariño. Luego se extenderían al resto del país.
El proyecto promete generar polémica, pero expertos señalan que es un avance frente a la simple persecución judicial a los adictos.
Leonardo Ajá, director de la Corporación para la Prevención y tratamiento de Suicidio y Adicciones (Suadi), dice que es "un gran paso para promover tratamientos médicos para los adictos", aunque expresa reservas sobre la posibilidad de evaluar con ese prisma los delitos cometidos por esas personas.
"No es lo mismo un caso de robo simple que uno de agresión sexual bajo los efectos de la droga", advierte.
Según la Encuesta Nacional de Consumo (que se proyectó sobre una población de 20 millones de colombianos), al menos 1,8 millones ha probado alguna droga en su vida y 85 mil son dependientes de la cocaína.
Tribunales como estos funcionan en más de 12 países del mundo. Estados Unidos, donde hay más de mil, Canadá, Chile, Brasil, entre otros.
El que se viene será el cuarto intento del Gobierno por revivir la penalización de la dosis mínima, que la Corte Constitucional tumbó en una sentencia hace más de una década. Y además de los críticos de las medidas represivas, la propuesta tendrá que convencer a la Judicatura, pues los nuevos tribunales engrosarían la larga lista de figuras judiciales creadas por varias leyes que no tienen presupuesto.
La propuesta llega en momentos en que el tema ha causado fuertes encontronazos entre el presidente Álvaro Uribe y el fiscal Mario Iguarán, quien considera que la penalización de los adictos no es la solución al problema.
Tierra y Justicia - El Tiempo
El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, le confirmó a EL TIEMPO que se trataría de 'Tribunales de Tratamiento de Drogas' que buscarían hacer el balance entre la atención médica que requieren los adictos sin que eso implique "legalizar el consumo".
Si una persona lleva droga y es capturada en más de una ocasión o si cometió un delito bajo los efectos de la droga, iría a esos tribunales.
La sanción, dependiendo de la gravedad de la ofensa, sería terapéutica: tratamiento médico en un establecimiento público especializado, pero con privación temporal de la libertad. En los delitos graves se cumpliría la pena normal y el tratamiento de desintoxicación sería obligatorio.
El argumento central del Gobierno nunca ha sido penalizar al enfermo -dice el Viceministro-. El tema de los Tribunales surgió luego de consultar a las Naciones Unidas y busca dar una respuesta más amplia al problema".
¿Cómo operaría?
La tarea principal será determinar si se trata de un adicto o un vendedor. Juez y médicos, cuyos conceptos tendrían la validez que hoy tienen los de Medicina Legal, evaluarían caso por caso. Por ejemplo, mirarían si un delito fue producto de "desesperación para comprar droga".
"Si se trata de un adicto que bajo el efecto de la adicción genera delitos, será sometido a tratamiento terapéutico con privación temporal de la libertad", explica el viceministro Ceballos.
Las opciones que se barajan son construir esos establecimientos especiales o adecuar pabellones de este tipo en algunas cárceles del país.
Los Tribunales y los centros de rehabilitación, en principio, estarían en las zonas donde según la última Encuesta hay mayor índice de consumo: Antioquia, Bogotá, Valle, Cauca y Nariño. Luego se extenderían al resto del país.
El proyecto promete generar polémica, pero expertos señalan que es un avance frente a la simple persecución judicial a los adictos.
Leonardo Ajá, director de la Corporación para la Prevención y tratamiento de Suicidio y Adicciones (Suadi), dice que es "un gran paso para promover tratamientos médicos para los adictos", aunque expresa reservas sobre la posibilidad de evaluar con ese prisma los delitos cometidos por esas personas.
"No es lo mismo un caso de robo simple que uno de agresión sexual bajo los efectos de la droga", advierte.
Según la Encuesta Nacional de Consumo (que se proyectó sobre una población de 20 millones de colombianos), al menos 1,8 millones ha probado alguna droga en su vida y 85 mil son dependientes de la cocaína.
Tribunales como estos funcionan en más de 12 países del mundo. Estados Unidos, donde hay más de mil, Canadá, Chile, Brasil, entre otros.
El que se viene será el cuarto intento del Gobierno por revivir la penalización de la dosis mínima, que la Corte Constitucional tumbó en una sentencia hace más de una década. Y además de los críticos de las medidas represivas, la propuesta tendrá que convencer a la Judicatura, pues los nuevos tribunales engrosarían la larga lista de figuras judiciales creadas por varias leyes que no tienen presupuesto.
La propuesta llega en momentos en que el tema ha causado fuertes encontronazos entre el presidente Álvaro Uribe y el fiscal Mario Iguarán, quien considera que la penalización de los adictos no es la solución al problema.
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