Carros eléctricos podrán ingresar al país este año con cero por ciento de arancel

El carro eléctrico se desplaza sin usar combustibles fósiles. Para que pueda moverse se conecta a una toma, como se hace con un celular.
El Gobierno estableció un cupo de importación de 100 automóviles que podrán recibir este beneficio, siempre y cuando sean importados antes del 31 de diciembre próximo.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Comercio mediante el decreto 358, previa recomendación del Comité Triple A, de la misma cartera, que en noviembre del 2008 la había considerado viable por no existir producción nacional ni subregional de este tipo de vehículos.
Al reducirse a cero el impuesto para los eléctricos, sus precios, que inicialmente se habían ubicado por encima de los 60 millones de pesos, quedan establecidos como los de un vehículo estandar y ya resultan atractivos para determinado tipo de consumidores.
Las firmas que quieran medírsele a su comercialización en Colombia pueden mirar hacia la India (Tata), Japón (Honda) y Estados Unidos (Chevrolet), donde ya se están produciendo en cantidades comerciales.
Una comunicación del ministro Luis Guillermo Plata señala que la decisión tomada por su despacho trae beneficios para el consumidor derivados de los costos de operación del vehículo y los ambientales, ya que su emisión de ruido y de contaminantes al medio ambiente es prácticamente nula.
Se carga como un celular
El primer carro eléctrico fue presentado al público en septiembre del año pasado.
Es curvilíneo, no expulsa ni una molécula de dióxido de carbono y parece un juguete de última generación, porque se mueve sin emitir un solo ruido.
Estos carros ya transitan habitualmente en Inglaterra, Italia, España, Japón, Irlanda, Noruega y Chile.
A Colombia lo trajo CAM-Endesa, una compañía que se dedica a la creación de soluciones eléctricas integrales para el mercado latinoaméricano.
El vehículo no utiliza ningún combustible. Y como es ciento por ciento eléctrico se carga, durante un máximo de dos horas, en el hogar o la oficina como si fuera un teléfono celular. Para esto utiliza un sistema de 120 o 220 voltios, que le da una autonomía de 80 kilómetros.
Esa distancia es casi el doble que la recorrida por un vehículo tradicional en cualquier capital de América Latina. También es económico, porque mientras un galón de gasolina, de 7.600 pesos, le alcanza a un carro pequeño para recorrer 40 kilómetros, con este automóvil se cubre esa misma distancia con mil pesos de energía eléctrica.

Tierra y Justicia - El Tiempo

Pesca de Perú y Colombia, entre los países más afectados por el cambio climático

La propuesta es que organizaciones como el Banco Mundial actúen ahora e incluyan al sector pesquero en planes para afrontar el cambio climático.
Los sectores pesqueros de los dos países figuran entre los más afectados en Suramérica por este problema, según pronosticó un estudio internacional difundido por la revista Fish and Fisheries.
La destrucción de los arrecifes, la irrupción de mares en hábitat de agua dulce y el mayor número de tormentas costeras resultantes del aumento de la temperatura supondrán dificultades sin precedente para millones de personas en países dependientes de la pesca en Suramérica, África y Asia, agregó. La investigación, que identifica por primera vez a 132 naciones vulnerables al cambio climático en su industria pesquera, fue realizada por científicos del Centro Mundial de la Pesca, de universidades inglesas y alemanas, así como de la Comisión del Río Mekong (Vietnam).
Los científicos basaron su evaluación en factores ambientales, riqueza pesquera, dieta y economía.
El informe indica que en la región norte de Suramérica, principalmente Colombia y Perú, el cambio climático podría alterar las corrientes costeras que son hábitat de anchoas, sardinas y otras variedades ictiológicas. La vulnerabilidad de Colombia y Perú se explica por el alto volumen de captura destinada a la exportación y los cambios importantes en la temperatura previstos para el 2050, señala.
El reto para Colombia y Perú es reducir la vulnerabilidad con una mejor gestión de los recursos pesqueros, la planificación de la adaptación a largo plazo y el fomento de la investigacióncientífica, dice el informe.
"El daño se multiplicará a menos que los gobiernos y las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, actúen ahora e incluyan al sector pesquero en planes para afrontar el cambio climático", agregó.
""Las industrias ictiológicas ya están bajo enorme presión debido a la pesca excesiva, la pérdida de hábitat, la contaminación y toda una serie de otros factores", añadió.

Tierra y Justicia -EFE

Condenan por estafa y falsedad a personas por apropiarse de subsidios para vivienda

El Juez ordenó a los condenados indemnizar solidariamente al Inurbe y a la Contraloría General con el pago de 500 salarios mínimos. Las tres personas recibieron la condena por estafar a varias familias de escasos recursos de Barranquilla con el trámite de subsidios por cerca de mil millones de pesos.
Efraín Emilio Herrera Pelufo, Delia Margarita Lobo Sánchez y Rafael Antonio Grazziani Ojeda, fueron procesadas por el delito de estafa agravada en concurso con concierto para delinquir, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado y uso fraudulento de sello oficial.
Los hechos ocurrieron en 2001 cuando la unidad anticorrupción de la Fiscalía abrió el caso después de una denuncia instaurada por el entonces Gerente General del Inurbe.
"Estas tres personas abrieron cuentas de ahorro ‘gemelas' (con el mismo nombre y número) a las poseídas por los beneficiarios de los subsidios. Una vez era consignado el dinero en esas cuentas ‘gemelas', los falsos titulares giraban los recursos a cuatro cuentas pertenecientes a testaferros al servicio de Lobo Sánchez", señaló la Fiscalía.
Pelufo, en su condición de Director de la sucursal de una entidad financiera, facilitó la apertura de las cuentas falsas y el giro del dinero a terceros.

Tierra y Justicia - El Espectador

Vivir sin pareja no es ser madre cabeza de hogar, es ser divorciado: Corte C.

La Corte Constitucional dejó claro que después de un divorcio una persona no adquiere la categoría de madre o padre cabeza de hogar, sino que es sencillamente eso: divorciado.
El Alto Tribunal indicó que aunque muchas veces el ex esposo, en el caso de las mujeres, puede ausentarse por un tiempo o no tener suficientes ingresos para aportar a su antiguo hogar, eso no significa necesariamente que la mujer se convierta en madre cabeza de hogar
"La mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no significa per se que una madre adquiere la condición de ser cabeza de familia, pues para ello es indispensable el abandono del hogar por parte de su pareja y de las responsabilidades que le corresponden como padre", indicó la Corte, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas.
Agregó además que es prioritario que exista "un incumplimiento total de las obligaciones inherentes a ésta condición", sea porque abandonó el hogar o tenga una grave incapacidad física, síquica, sensorial o mental.
Finalmente puntualizó el Alto Tribunal que "dado que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia".
El pronunciamiento de la Corte se dio después de negar una acción de tutela a una mujer antigua trabajadora de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, que se quedó sin empleo cuando empezó a ser liquidada la entidad.
La mujer, que se desempeñaba como Auxiliar de Servicios Asistenciales, pedía que fuera incluida dentro del programa de retén social, que conservaba como empleados, entre otros, a los padres y madres cabeza de hogar hasta el último momento en que fuera totalmente liquidado el hospital.
La Corte le negó la tutela porque aseguró que la mujer no era madre cabeza de hogar porque recibía apoyo económico de su esposo, aunque no fuera suficiente para el mantenimiento de los gastos de su hija menor.

Tierra y Justicia - El Espectador

Decreto del salario mínimo demandado ante el Consejo de Estado

Las centrales obreras no cesan su accionar denunciando la falta de garantías de asociación y de negociación colectiva en el país.
Las centrales obreras anunciaron que ante el Consejo de Estado presentaron una demanda de nulidad del decreto que fijó el salario mínimo para este año que fue elevado en 7,67% de acuerdo con el comportamiento de la inflación observada. La decisión del Gobierno se hizo en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, recordó un funcionario del Gobierno.
El decreto expedido por el Gobierno estableció que desde el primero de enero, "regirá como salario mínimo legal mensual para los trabajadores", la suma equivalente a la remuneración definida por el Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007, incrementada en el Índice de Precios al Consumidor calculado (entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2008) y certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane)".
Para los sindicalistas, en la expedición de los decretos, el Gobierno no agotó todos los procedimientos, y la norma fue concebido de manera irregular. Desconoce los derechos de negociación colectivos y representación sindical.
Igualmente los representantes de las centrales obreras indicaron que insistirán en llevar sus denuncias ante el congreso de los Estados Unidos por las faltas de garantías sindicales y la violación de los derechos laborales.
El Gobierno recientemente recordó que desde 2002 han sido destinados $121.355 millones para la protección de los sindicalistas.
"Durante estos seis años el presupuesto nacional ha gastado 314.633 millones de pesos, de los cuales 121.355 millones de pesos han sido dedicados a la protección de sindicalistas, lo que representa el 38.56 por ciento de los recursos", dijo el ministro del Interior y Justicia, Fabio valencia Cossio.
El informe recuerda que en el último año, 1.980 sindicalistas fueron cobijados por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, lo que representa el 22.66% del total de personas que integran el Programa.

Tierra y Justicia - El Tiempo

Corte puede incumplir mandatos judiciales cuando estos son ilegales

En la Corte y otros tribunales hay prevención contra la Sala porque algunos de sus miembros elegidos recientemente vienen de la política. Magistrados han manifestado en privado temores de que algunos procesos de la parapolítica queden en el aire.
La nueva tutela, fallada por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, desconoció una condena por cohecho ratificada por tres instancias penales.
Ante la decisión, la Sala Penal no solo se negó a cumplir la tutela, que favorece a Iván Otálvaro Murcia, ex director comercial de la Lotería de Caquetá, sino que le envió copias del proceso a la Comisión de Acusación para que investigue a los miembros de la Sala Disciplinaria por un posible prevaricato.
Los términos usados por la Corte ayer son los más fuertes empleados para referirse al ya famoso 'choque de trenes' por las tutelas contra sentencias. Los magistrados señalaron que la decisión de la Judicatura "se aparta ostensible y groseramente de la realidad probatoria acreditada en el proceso".
El fallo de la Sala Disciplinaria levantaba la condena de tres años contra Otálvaro y la multa de 50 salarios mínimos que le impuso la justicia ordinaria porque recibió plata para asignar un mayor número de billetes de una lotería a un distribuidor.
El magistrado Angelino Lizcano, presidente de la Sala, se declaró impedido porque conoce a Otálvaro desde hace más de una década. Este último fue elegido alcalde de Belén de Los Andaquíes (Caquetá), pero está suspendido del cargo precisamente por la condena por cohecho.
'La Corte no está obligada a cumplir mandatos ilegales'
La defensa de Otálvaro dice que él no tenía entre sus funciones la distribución de la lotería y que por eso no se configura el cohecho. Pero la Corte sostiene que su responsabilidad en los hechos la verifica incluso una primera declaración suya, de la que después se retractó, y los documentos anexados al expediente.
"Ha sido doctrina de la Corte la imposibilidad de cumplir mandamientos judiciales que en sí mismos comportan abierta ilegalidad (...) En tanto, precisamente por esas circunstancias espurias, los mismos no pueden entenderse verdaderas providencias judiciales", dice la respuesta de la Sala Penal. Y concluye que "como quedó evidenciada la abierta ilegalidad de lo decidido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se impone, como deber de la Corte, denunciar la existencia de un presunto delito de prevaricato por parte de los Magistrados signantes, razón por la cual se oficiará para el efecto a la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes".
"La Corte ha acreditado la incongruencia, sinrazón y falacia de los argumentos que sustentan la decisión de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, motivo suficiente para que se aparte de la decisión, so pena de prolongar indebidamente la ostensible ilegalidad que allí se advierte", señaló el magistrado Sigifredo Espinoza, ponente de la decisión de la Sala Penal.
"No vamos a entrar a polemizar con la Corte cada vez que sacamos una providencia. La Corte cree que sus providencias son inmodificables y nosotros actuamos en derecho y nos pronunciamos a través de sentencias. Todas las autoridades de este país están en la obligación de acatar los fallos judiciales", respondió uno de los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que pidió reserva de su nombre.
Tierra y Justicia - El Tiempo

Entidades públicas y privadas a evitar filas de usuarios en la calle: Consejo de Estado

La decisión la emitió la Sección Primera del alto mtribunal al resolver una acción popular presentada por un ciudadano contra la Electrificadora del Huila.
Según el fallo, la permanencia constante de usuarios haciendo fila y obstruyendo el paso de los peatones viola los derechos de las personas al goce del espacio público.
"La Sala advierte que en este asunto lo que constituye la invasión del espacio público en si mismo no es el hecho de la realización de una fila para el pago de la factura del servicio público, sino la permanencia constante de los usuarios en el anden lo que obstaculiza el libre transito de los peatones", indicaron los magistrados en la providencia. El demandante, quien vive en la ciudad de Neiva, instauró el recurso alegando que la forma como la Electrificadora del Huila permitía que se invadiera el espcio público colocaba en condiciones de desigualdad a los demás establecimientos públicos del sector que no podían utilizar el andén para sus actividades.
Aunque los directivos de la electrificadora alegaron que no podían hacerse responsables del comportamiento de las personas en la calle. Sin embargo, los magistrados del Consejo de Estado consideraron que si le cabía responsabilidad a la entidad debido a que no tuvieron en cuenta las regulaciones sobre el especio público en el montaje del centro de pagos.
El fallo también condena al Municipio de Neiva por no haber tomado a tiempo medidas para restituir el especio público invadido por los usuarios que hacían cola para el pago de su servicio público.
"Es obligación de los Alcaldes Municipales velar por la conservación de las vías públicas vehiculares y peatonales, y de evitar que aquellas sean indebidamente ocupadas", reiteró el alto tribunal en su decisión.

Tierra y Justicia - El Tiempo

Día de los Humedales, los riñones de la Tierra!

Algunos los llaman los supermercados ecológicos porque allí se concentran enormes eslabones de vida animal. Son también como centros recreacionales para las aves migratorias que huyen del frío del Ártico, y que aterrizan en ellos para pasar una buena temporada de verano. Pero otros los han calificado como los riñones de la Tierra, ya que funcionan como motores de alto rendimiento que regulan los ríos, estabilizan el clima, resguardan la vida de millones de peces, filtran el agua que llega a las poblaciones y frenan inundaciones.A pesar de todo, en Colombia su protección parece ser un juego de niños.
Y por eso, en la nación que se enorgullece frente al mundo al decir que es una de las más biodiversas, estos son los ecosistemas más amenazados.El país tiene 20 millones de hectáreas de humedales, según el Ministerio de Medio Ambiente. Pero pareciera que se consideraran un error de la naturaleza y son dañados con frecuencia porque, según la ignorancia generalizada, con esto se atenúan inundaciones y se optimizan las condiciones higiénicas del entorno, a lo mejor porque muchos parecen enormes charcos de agua oscura.
Contrario a la opinión generalizada, el experto dice que muchas de las inundaciones que sufre el país anualmente se deben precisamente a su desaparición, porque son como esponjas que retienen parte del cauce de los ríos."Y no es que las aguas invadan las casas de la gente, lo que sucede es que mucha gente ha invadido los humedales, que son zonas de amortiguación de los ríos. Es como si la naturaleza se encargara de guardar en ellos agua potable, para que sea usada en verano. Para acumular peces que sostienen la industria, para los acueductos o para la alimentación del ganado, por ejemplo", dijo Usma.
"El estado de salud de los humedales es directamente proporcional al estado de salud de las comunidades", dice Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, para validar su trabajo.WWF tiene trabajos similares en el Eje Cafetero, sobre la cuenca del río La Vieja; en el piedemonte Andino amazónico (vertiente oriental cordillera de los Andes), específicamente en Putumayo y Caquetá, donde está dialogando con la comunidad indígena; y también en los humedales del Casanare, una zona vital que podría ser declarada este año en alguna categoría de protección por la oficina de Parques Nacionales Naturales.
Mientras tanto, la Convención Ramsar lanza hoy lunes, en el Día Internacional, una iniciativa más romántica: una campaña llamada 'Aguas arriba, aguas abajo', que busca hacer conciencia entre la gente sobre la importancia de cuidarlos.

Tierra y Justicia - El Tiempo

Modelo de Derecho de Petición para revisión catastral al IGAC

Tuluá, _________________de ________

Señores
MUNICIPIO DE TULUÁ
Att. Secretaría de Hacienda

REF: DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ASUNTO: SOLICITUD REVISION Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Yo, ______________________________________________________________
Identificado(a) con c.c. No. _______________________Expedida en ______________
En mi calidad de afectado(a) directo instauro esta acción, por considerar que mis Derechos están siendo vulnerados, tengo como argumentos los siguientes:

HECHOS

1.- Soy propietario del predio identificado con el No. _______________________________ 2.- El predio se encuentra ubicado en la dirección _______________________________ Barrio __________________
3.- El avalúo del predio se incrementó a la vigencia 2008 en el ___________%.
4.- El predio esta utilizado para ____________________________________________

PRETENSIONES

1.- Revisión y corrección de la actualización catastral del predio No__________________
__________________________________________________________________
2.- Se revisen los valores por el cambio de uso o actividad

3.- Los valores liquidados a mi favor se acrediten para futuras vigencias del impuesto predial.

El Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, reconoce el Derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y ha de obtener una pronta solución ya que el Derecho de Petición lleva implícito el concepto de decisión real, material y verdadera, no solo implica una pronta respuesta, sino que la misma comprende una resolución de fondo eficaz, precisa, congruente y oportuna con lo pedido.

El Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo indica que en todo caso las actuaciones deberán desarrollarse con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, publicidad y contradicción. Las respuestas de estas peticiones deberán hacerse dentro de los plazos legales señalados en la Ley, su retardo injustificado da al peticionario el derecho de lograrlo a través de una Acción de Tutela (Art. 86 de la Constitución Política), e investigaciones disciplinarias, ya que el Estado debe velar por la protección oportuna del derecho fundamental.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la ____________________________________Tel _______________

Cordialmente,

____________________________________________


Copia: Personería Municipal de Tuluá
Tierra y Justicia

Millones de luces se apagarán el 28 de marzo para reducir emisión de gases

Más de 75 ciudades desconectarán los aparatos electrónicos durante una hora, como parte de la estrategia que busca generar acciones duraderas para combatir el cambio climático.
El calentamiento global y la emisión de gases efecto invernadero (GEI), no solo son preocupaciones de grupos ecologistas y ambientales. Cientos de personas esperan ayudar al planeta con una estrategia muy sencilla: apagar las luces y desconectar los electrodomésticos en horarios establecidos.
La quema de combustibles en la producción de energía es uno de los factores que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), dispara la emisión de GEI.
Aunque en los países andinos la emisión no supera el 2,5%, la importancia de reducir este peligro para la capa de ozono, ha generado un gran interés en los usuarios de redes sociales como Facebook y MySpace, que en el 2008 convocaron casi 30 campañas para no utilizar aparatos electrónicos durante algunos minutos.
Las opiniones sobre los beneficios ambientales de este tipo de iniciativas están divididas.
En marzo de 2007, la campaña 'La Hora del Planeta', promovida por el Fondo Mundial para la Conservación (WWF por sus siglas en inglés), buscaba que la gente desconectara y apagara todos los aparatos durante 60 minutos. Aunque sólo se realizó en la ciudad de Sydney (Australia), logró una disminución del 10.2% en el uso de energía, lo que se equipara a sacar cerca de 45 mil carros de circulación durante una hora.
Rony García, director de proyectos de la Fundación Colombiana para la Naturaleza, asegura que con estas campañas se logra "un ahorro enorme de energía", y se aprovechan de una u otra forma los recursos naturales.
Sin embargo, representantes del WWF explican que hacer esto no implica un ahorro realmente significativo. "Es un primer paso para que la humanidad reflexione acerca de este problema, se trata más de un acto simbólico que permite pensar el papel que tenemos frente a la problemática y tomar acción en nuestra vida cotidiana", aseguran los promotores.
Enzo Fava, joven argentino coordinador de uno de los grupos virtuales con mayor acogida en Facebook, está de acuerdo con el planteamiento de WWF. Explica que el ahorro que se hace es mínimo porque las centrales producen la misma energía, pero más allá de esta situación, "la idea es crear conciencia, que las personas sepan las consecuencias de gastar desmesuradamente".
Los grupos interesados en este tipo de iniciativas ambientales sobrepasan los 50 en redes sociales como Facebook, Hi5 y Myspace, que se caracterizan por intercambiar consejos prácticos para contribuir a mejorar la situación ambiental.
Para el 28 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30 p.m., se tiene prevista la tercera versión de 'La Hora del Planeta' del WWF, que busca dar un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales del año en Copenhague, Dinamarca, para firmar un nuevo tratado global sobre cambio climático.

Tierra y Justicia - CÓDIGO DE ACCESO IX

La Super multa a Comcel por ampliar cláusula de permanencia de 12 a 18 meses

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso el castigo al operador por 13,8 millones de pesos pues la cláusula de permanencia mínima de sus contratos no puede superar los 12 meses.
La sanción se emite luego de casi dos años de investigación en los que el organismo de control estableció que el operador exigió la aceptación de una cláusula de permanencia mínima de 18 meses a algunos de los clientes que se presentaban a la empresa para renovar o reponer su celular.
Gustavo Valbuena, superintendente de Industria y Comercio, recordó que las normas actuales establecen que dicha permanencia no puede superar el período de un año, pero también que esta cláusula solo se puede pactar una vez al comienzo del contrato.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la regulación establece una excepción a esta regla: cuando "el operador móvil financie o subsidie un nuevo terminal (teléfono) las partes podrán acordar la inclusión de una nueva cláusula de permanencia mínima".
En este punto, el superintendente Valbuena fue claro al señalar que esta excepción no se puede aplicar cuando el usuario recibe beneficios en materia tarifaria, por ejemplo, promociones o un cambio de plan.
La SIC señaló que Comcel tiene cinco días para presentar un recurso de reposición contra la sanción impuesta.Consultado sobre el tema, el operador celular, filial del gigante mexicano América Móvil, no quiso hacer comentarios.

Tierra y Justicia - El Tiempo

Homosexuales con iguales derechos en civil, penal, política, social y económica

Con la modificación de 42 normas el alto tribunal acogió una ponencia presentada por su colega Rodrigo Escobar Gil. A través del magistrado Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal decidió incluir a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de "compañero permanente", que se ve reflejado en distintos artículos de la Constitución.
Las modificaciones se harán en los códigos Penal, Civil y en algunos apartes del régimen militar.
De ahora en adelante, las parejas del mismo sexo se verán cubiertas por diferentes derechos en materia civil, penal, política, migratoria, social y económica, que les permitirán estar en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales que vivan en unión libre.
- En primer lugar, la Corte amparó los derechos y beneficios de la Ley de Justicia y Paz en materia de víctimas e indemnizaciones.
- En materia penal, fueron amparadas las parejas del mismo sexo en los delitos de desaparición forzada y genocidio, la pareja podrá administrar sus bienes, así como exigir al Estado encuentre a su compañero o compañera permanente.
- También en el mismo sentido, tendrán derecho a no incriminar a un compañero permanente ni declarar en su contra.
- En cuanto a derechos migratorios, podrán recibir la nacionalidad las parejas del mismo sexo que vivan con un extranjero durante más de dos años.
- Los delitos de violencia intrafamiliar también fueron incluidas para las parejas homosexuales, haciendo la salvedad que la Corte se declara inhibida para incluir o no a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de familia.
- El sistema de salud de las fuerzas militares, incluirá las parejas gays en cuanto a pensión de supervivencia y la condición de beneficiario en salud.
- Los derechos de patrimonio inembargable, también incluirá las parejas homosexuales, lo que significa que una pareja homosexual puede determinar que una propiedad es de ambos y declararla 'patrimonio familiar'.
- También serán ahora beneficiarios del seguro de vida y del Soat, lo que significa que si uno de los miembros de una pareja homosexual muere, el otro recibirá indemnización.
- Los funcionarios públicos cuando hagan su juramento de posesión deberán también juramentar a su pareja homosexual, en caso de tenerla.
Anteriormente la Corte había amparado con tres derechos a favor de las parejas homosexuales: el de unión marital de hecho, en 2007; demanda por alimento el año pasado y de beneficios de salud.

Tierra y Justicia - El Espectador

Actualización del POS avanza por Sentencia de la Corte

Comenzó el proceso de actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS), en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-760 proferida por la Corte Constitucional en el 2008.
Según lo anunciado, el POS actualizado, girará en torno al tratamiento de enfermedades, es decir, que para cada una de ellas se indicará cuál es el medicamento más apropiado. El que rige actualmente está basado en la oferta que ofrezcan, según sus recursos, las IPS.
Es decir, que no se basa en lo que hay, sino en lo que se tiene que suministrar a cada paciente.
Además, a diferencia del POS existente, se incluirán numerosos y estructurados programas de prevención, especialmente para las enfermedades crónicas.
Como estrategia, el Ministerio diseñará guías clínicas para enfermedades que incluirán los mejores tratamientos, opciones quirúrgicas y medicamentos ideales para un paciente de acuerdo con su enfermedad.
Según algunos expertos internacionales, las guías funcionan en otros países y buscan mayor cobertura con el presupuesto que se tiene, a fin de suplir las necesidades de los colombianos.
Ya están emitiendo las primeras guías médicas como, por ejemplo, la del cáncer pediátrico. Se espera la del tratamiento de la diabetes que afecta a más de un millón de pacientes y la de la hipertensión, que tiene más de cinco millones de enfermos.
Con estas guías se busca disminuir el número de tutelas y que los pacientes puedan acudir a los Comités Técnicos que debe tener cada EPS para evaluar el suministro de un medicamento en caso de no estar contemplado en el POS.
El POS será revisado por varios agentes. Se harán mesas de trabajo en donde estarán el gobierno, los ciudadanos, la comunidad médica y expertos ingleses, quienes asesorarán al Estado en el manejo de enfermedades de alto costo y prestarán asistencia técnica a largo plazo para la reforma del POS.
Otro de los puntos que se tendrá en cuenta en la reforma del POS será la atención a pacientes con adicción a drogas y alcohol, así como el manejo en prevención.
Actualmente el Plan Nacional de Salud, en su capítulo de salud mental, establece la prevención y atención de urgencias en caso de abusos de alcohol y consumos de drogas, pero el Ministerio de la Protección Social estudia la posibilidad de brindarles un tratamiento permanente. La decisión dependerá del presupuesto que se tenga en la cartera.
De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, se espera que para mediados de este año quede listo el nuevo POS.

Tierra y Justicia - El Universal

Corte ordena a Minprotección y a Supereconomía investigar dos CTA

Mediante fallo de tutela, ordenó afiliación obligatoria de contratados a través de estas empresas al Sistema de Seguridad Social Integral, conformado por pensiones, salud y riesgos profesionales.
El objeto de la investigación a las cooperativas, decidió la Corte en el fallo T-962 de 2008, es determinar, "dada la gravedad de los hechos que fundamentan esta acción de tutela", si las cooperativas de trabajo asociado de Maquila y Logística (Maquilcoop) y Ayudamos Colombia han infringido las normas que regulan su organización y funcionamiento.El origen del pronunciamiento de la Corte es una tutela presentada por una trabajadora -asignada por la cooperativa Ayudamos Colombia, para servir como teleoperadora en una empresa de central de llamadas- y quien no consiguió ser reubicada en su labor, pese a la orden del médico que así lo pidió al advertir sobre el deterioro de su estado de salud.La sanciónSegún la legislación, una indagación contra organizaciones de trabajo asociado puede terminar en sanciones que implican multas diarias sucesivas hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy, el salario mínimo legal mensual es de 496.900 pesos.

Tierra y Justicia - Portafolio

Tratados internacionales firmados no están por encima de la Constitución

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentenció que los tratados internacionales firmados por la República, no están por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al desacatar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2008 ordenó la reincorporación a sus funciones de los ex jueces Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri y Perkins Rocha Contreras, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Luego del análisis del recurso incoado por los abogados Zulia Maldonado, Asdrúbal Blanco y Gustavo Alvarez, la Sala, en ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, y con el voto salvado del magistrado Pedro Rondón Haaz, señaló que acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectaría los principios y valores esenciales del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y conllevaría a un caos institucional en cuanto al sistema de justicia, al pretender la modificación del Poder Judicial previsto en la Constitución y el sistema disciplinario emanado del Poder Legislativo. “La Constitución no otorga a los tratados internacionales sobre los derechos humanos rango supraconstitucional, por lo que en caso de antinomia o contradicción entre una disposición de la Carta Fundamental y una norma de un pacto internacional, correspondería al Poder Judicial determinar cuál sería la aplicable”, precisa el fallo de la Sala. En su fallo la Sala exhortó al Ejecutivo Nacional a denunciar ante la Organización de Estados Americanos a la Convención Americana de Derechos Humanos, pues con disposiciones como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da pie a vulnerar principios de soberanía y autonomía del Poder Judicial.

Tierra y Justicia - Venezuela

La mujer del año y el derecho a la sexualidad

Por Alejandra Azuero
Cada fin de año los medios de comunicación inician una carrera frenética por listar lo mejor y lo peor del año. Sin embargo, en el 2008 la arbitraria y odiosa lista de los personajes del año dejó por fuera a una mujer colombiana cuyos hallazgos son considerados uno de los avances científicos en salud pública más importantes de los últimos tiempos. Se trata de la epidemióloga colombiana Nubia Muñoz, una caleña que estuvo ad portas de obtener el premio Nobel de medicina, tras liderar los estudios que lograron determinar la relación entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cuello uterino.
En el caso concreto del cáncer de cuello uterino, esta brecha se debe fundamentalmente a dos razones, por un lado, a la desinformación en torno e la enfermedad y las formas de prevenirla, y por otro lado, al papel que juegan las farmacéuticas y los hacedores de política pública en la toma de decisiones. Cada año 250.000 mujeres en el mundo mueren por cuenta del cáncer de cuello uterino, convirtiéndose así en la segunda causa de mortalidad por cáncer de las mujeres del planeta. Nueve de ellas mueren diariamente en Colombia, y sin embargo, todavía muchas mujeres – y hombres por supuesto – no acaban de entender que este tipo de cáncer está relacionado con una infección de transmisión sexual: el VPH. Lo que tampoco saben es que este virus – causa directa del cáncer de cuello uterino – es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Las cifras son contundentes: alrededor de siete de cada diez mujeres ha tenido en algún momento de su vida una infección por este virus, y cerca de la mitad de las mujeres se infectan en los dos años que siguen al inicio de su vida sexual. Se trata de un problema de salud pública particularmente grave para los países en vía de desarrollo, que afecta especialmente a mujeres que se encuentran en condiciones sociales, económicas y culturales que promueven la subordinación sexual. Es decir, mujeres de escasos recursos que enfrentan dificultades para acceder al uso de anticonceptivos y por ende gozan de baja autonomía reproductiva; que viven en zonas con deficientes condiciones sanitarias y tampoco han recibido una adecuada educación sexual, entre otros factores. Sin embargo, muchas colombianas también desconocen que gracias al trabajo de Muñoz y de su equipo, hoy en día existen varias estrategias que previenen la transmisión del VPH, entre ellas una vacuna. Y aquí es donde las farmacéuticas entran a jugar dentro de la ecuación. A pesar de que las investigaciones publicadas por Muñoz durante la década de los noventa lograron atraer la atención de la industria farmacéutica para que se desarrollara la vacuna, hoy en día su distribución está sometida a que la paciente pueda pagar su altísimo precio, el cual oscila alrededor de dos salarios mínimos.
Además, el Estado colombiano sigue tomando medidas aisladas y contradictorias en vez de generar una estrategia integral de salud sexual y reproductiva que contribuya a prevenir el contagio de maneras diferentes además de la vacuna. Por ejemplo, países como Chile y México han puesto en práctica otras estrategias que han logrado mejorar los indicadores.
Tal y como lo señaló recientemente la Corte Constitucional, las y los colombianos somos titulares del derecho fundamental a la sexualidad, condición necesaria para llevar una vida digna. Y para que dicho derecho se materialice, es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de desarrollar políticas públicas que garanticen una vida sexual placentera y libre de riesgo para hombres y mujeres. Deber que va más allá del debate sobre la gratuidad de una vacuna, pues tiene que ver con la generación de condiciones que garanticen que las mujeres podamos decidir sobre nuestra sexualidad de manera abierta, responsable e informada… sin riesgo de morir en el intento.

Tierra y Justicia - Semana

Ocultarle información a la opinión pública sugiere que ésta es el enemigo*

Por: Elisabeth Ungar Bleier
LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA gestión pública y la corrupción siguen ocupando un lugar muy relevante en la agenda política en Colombia y son dos de los principales obstáculos para lograr el fortalecimiento institucional y una sólida gobernabilidad democrática.
Aunque son muchas las causas que originan estas prácticas, expertos en el tema coinciden en que las más importantes son la precariedad de la información pública, las dificultades de la ciudadanía para acceder a ella y la poca disposición de los funcionarios para darla a conocer. En Colombia, este último es sin duda uno de los mayores obstáculos para una efectiva rendición de cuentas. Si bien se han logrado avances importantes para mejorar la información de las entidades y funcionarios del Estado, muchos de ellos en respuesta a normas y compromisos nacionales e internacionales existentes sobre la materia, con frecuencia éstos se ven limitados por la falta de una real voluntad política de los gobernantes de rendir cuentas. Dos ejemplos ilustran lo señalado.
En el marco de una investigación académica que vengo realizando, hace unos meses presenté un derecho de petición al Secretario General de la Presidencia de la República solicitando las fechas de los consejos de ministros realizados desde el 7 de agosto de 2002, los nombres de los Ministros del Despacho y de otros funcionarios que hubieran asistido y los órdenes del día. La negativa a esta consulta se sustentó en una ley expedida hace ochenta y seis años —la Ley 63 de 1923—. Sobra decir que esta norma es anterior a la Ley 594 de 2000 sobre Acceso y Consulta de Documentos, a la Constitución de 1991 y al Código Contencioso Administrativo, que contemplan y consagran el derecho a la información.
El pasado 2 de diciembre, Huguette Lubelle, presidenta de Transparencia Internacional, le envió una carta al presidente Álvaro Uribe con motivo de la elección de magistrados a la Corte Constitucional. Entre otras cosas le solicitaba “establecer y divulgar los criterios que guiarán la selección de los candidatos que a usted le corresponde nominar” y señalaba que “esto constituiría un aporte trascendental en favor de la transparencia de este tipo de procesos, y daría ejemplo no sólo a los demás entes nominadores de candidatos a magistrados de las altas cortes colombianas, sino incluso a actores vinculados con la selección de miembros de la judicatura en otros países de la región”. En una escueta respuesta, el Secretario General de la Presidencia le respondió que oportunamente se publicarían las hojas de vida de los candidatos en la página de internet de la Presidencia de la República. Pero sobre los criterios, que sin éxito ya le habían solicitado las organizaciones que conforman el proyecto Elección Visible Corte Constitucional, no se pronunció.
En ambos casos el Gobierno se limitó a un rígido acatamiento de la ley, pero no dio muestras de una real disposición para mejorar la información pública, para facilitarle a la ciudadanía el acceso a ella y para que haya una verdadera y efectiva rendición de cuentas. Es decir, actuó como si pensara que la opinión pública es un enemigo.
*Traducción libre de la frase “Keeping information from the public gives the idea that the public is the enemy”, pronunciada en una conferencia por el periodista indonesio Banbang Harimurti.
** Directora del programa Congreso Visible, Universidad de los Andes - Tierra y Justicia

Colombia a responder por Derechos Humanos ante la Corte Interamericana

Este 19 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, citó en audiencia privada al Estado Colombiano para obtener información sobre el cumplimiento de la sentencia que favorece a las víctimas de la masacre de Mapiripán proferida en marzo de 2005. La presidenta de la Corte, Cecilia Medina Quiroga, señaló que al observar que no habían presentado los informes y observaciones requeridos, consideró que en estos momentos es conveniente y necesario convocar a una audiencia para recibir información sobre la implementación y efectividad de las medidas provisionales, así como respecto de la necesidad de mantenerlas vigentes. En su momento, la Corte Interamericana reconoció el pago de una indemnización a las víctimas además de que el Estado debía activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre. Así mismo se debía identificar, en un plazo razonable, a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como proveer un tratamiento adecuado a todos los familiares de las víctimas ejecutadas o desparecidas y realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las víctimas. Otras de las ordenes que busca verificar la Corte es si se construyó o no un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Mapiripán; además de implementar programas de educación en derechos humanos y derecho internacional para los miembros de la Fuerza Pública.

Tierra y Justicia - El Espectador

Desplazados deben entregar tierras por faltas de garantías: Corte C.

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Agricultura y al Incoder, brindarles a las 17 familias de La Colorada un predio donde puedan vivir dignamente.
Con cinco hijos a cuestas, Ismelda Yara pensó que sus pesadillas habían terminado cuando llegó a la finca La Colorada de Jerusalén, el 13 de octubre de 2005. Las amenazas constantes y la muerte cercana, la habían sacado dos años antes de Coyaima (Tolima) con rumbo a la fría Bogotá.Allí, se vio beneficiada por un programa del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), al ser incluida para acceder a tierras destinadas a la producción agropecuaria."Estaba feliz porque pensé que era el momento de empezar otra vez. Trabajar y darle un futuro a los niños", dice Ismelda.Sin embargo, al llegar a La Colorada, a 20 minutos de Jerusalén, las cosas no eran como las imaginaba.El paraíso que le habían pintado a ella y a otras familias que reubicaron en la zona, se convirtió en una tierra muerta en donde ni el agua servía para tomar.Primero, mediante una tutela, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en 2006, ordenó la reubicación de las familias en un sitio que reuniera "las condiciones mínimas como son, agua potable, alojamiento y tierras fértiles". Así, los demandantes fueron trasladados a un sector rural llamado Sanandra Samaria, en el Valle del Cauca. Sin embargo, según indicó la Procuraduría, estas tierras, a las que se les aplicó extinción de dominio, se encontraban en manos de un tercero que se negó a entregarlas a familias desplazadas y de reinsertados que iban a ser ubicados allí.Luego, un grupo de familias, a través de organizaciones de derechos humanos, interpusieron una acción de tutela, la cual tuvo fallo definitivo a finales del año pasado por la Corte Constitucional.En éste se ordena al Ministerio de Agricultura y al Incoder reubicar a las 17 familias de La Colorada en un predio donde puedan vivir dignamente."Existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia (...), puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las personas en esta situación", argumentó el alto tribunal. El Incoder tendrá cuatro meses para proceder a la reubicación de las familias.

Tierra y Justicia - El Tiempo

Las EPS siguen rajadas, según encuesta de Asociación de Hospitales

Son muchas las EPS que dilatan los procesos, que buscan la manera de no recetar lo necesario, de que los médicos no se excedan en tiempo y en formulación, que no se les ocurra mandar a alguien al especialista y algunas han llegado a premiar a los médicos que menos gastos les generen.
De todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ninguna pudo superar en el periodo 2007-2008 siquiera los 60 puntos en una calificación en la que el máximo es 100, resultado obtenido de la encuesta de la Asociación colombiana de hospitales y clínicas, que se realiza cada año y en la que se les pregunta a 100 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) sobre la efectividad que en materia de salud prestan la EPS.
El resultado no sorprende a los colombianos, quienes desde hace rato ven cómo el deterioro en la atención de la salud es evidente. Son muchas las EPS que dilatan los procesos, que buscan la manera de no recetar lo necesario, de que los médicos no se excedan en tiempo y en formulación, que no se les ocurra mandar a alguien al especialista y algunas han llegado a premiar a los médicos que menos gastos les generen, volviendo la salud no solo un negocio, sino una verdadera afrenta al juramento hipocrático.
La primera impresión de muchas personas es que la culpa la tiene la Ley 100, pero la realidad es que si se mira en detalle esta norma no ofrece sino ventajas y deja claramente establecido el orden y las responsabilidades en materia de salud, no obstante, son quienes tienen que ponerla en ejecución los que les ponen palos a la rueda, pues de esta manera consideran que hacen mucho y lo que logran es un desprestigio que les empiezan a cobrar los pacientes o sus propios clientes a la mayoría de ellas.
Desde hace rato personerías, Defensoría del pueblo y la Corte Constitucional han advertido de cómo las EPS han provocado casi que un colapso en el sistema judicial, pues han vuelto de la tutela un paso más en el tedioso proceso del paciente por lograr un examen especializado, la programación de una cirugía, la remisión a un especialista o la hospitalización.
A esto se suma que las IPS denuncian que como parte de esta falta de efectividad las EPS lo que hacen es demorar los pagos a las instituciones médicas, a pesar de que sagradamente las empresas les consignan lo correspondiente a sus trabajadores, con lo que dificultan muchas veces el flujo de caja de hospitales y clínicas, en donde tienen que padecer las impaciencias de los usuarios, a quienes se les dificulta entender todo este berenjenal al que los han sometido.
Es necesario que a estos resultados les sigan investigaciones, que la Superintendencia intervenga y que el Ministerio de Protección Social realmente sancione a las EPS que tenga que hacerlo, pues los pacientes están cansados del maltrato al que son sometidos. Por ejemplo, en Manizales existen entidades de estas que tienen un sinnúmero de sedes separadas las unas de las otras por cuadras enteras obligando a personas con incapacidad, en situación de discapacidad, de la tercera edad o mujeres en embarazo a atravesar avenidas, recorrer calles, incluso bajo la lluvia, pero es como si el paciente no importara.

Tierra y Justicia - La Patria